LA REBELDIA DE L@S INMIGRANT@S.ANTE LA DEBACLE Y CRISIS MUNDIAL,OTRO MUNDO ES POSIBLE CON UN PODER
18 DE MARZO DE 2025
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Nuestramérica. Programa radial de Resumen Latinoamericano: Argentina, Venezuela y Paraguay

Resumen Latinoamericano 13 de marzo de 2025
ARGENTINA: La policía tiró a matar contra lxs jubiladxs /Herido gravísimo un fotógrafo al que le estallaron una granada de gases en la cabeza/VENEZUELA: Gobierno acusa a ExxonMobil de financiar lobby para intensificar sanciones y desestabilizar al gobierno/PARAGUAY: denuncia por torturas y ensañamiento a las presas políticas paraguayas, testimonio de Eduardo Soares.
Estados Unidos. Las cinco guerras trumpistas.

Por Jorge Elbaum, Pagina12, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2025.
La belicosidad de Donald Trump exhibida en la apertura de las sesiones legislativas del congreso de los Estados Unidos (foto) evidencia una megalomanía directamente proporcional a los frentes de conflicto que proyecta en forma paralela y simultánea. Sus provocaciones, amenazas, desmentidas y aprestos intervencionistas solo buscan recuperar la supremacía geopolítica que cuatro décadas atrás consideraron imperecedera. Para “recuperar la grandeza perdida” –esa es la traducción política de la consigna trumpista de MAGA– trabajan en forma combinada y yuxtapuesta en seis territorios de conflagración concurrentes.
La primera de esas embestidas fue iniciada por Barack Obama, durante su mandato inicial, cuando la construcción del enemigo dejó de focalizarse tanto en el “terrorismo islámico” como en el narcoterrorismo. Ambos fueron sustituidos por la República Popular China como nuevo antagonista estratégico, apelando al fentanilo para responsabilizar a Beijing de complicidad en el tráfico internacional de esta sustancia. Paradojas históricas obligan a recordar que a mediados del Siglo XIX el Reino Unidos y Francia generaron las dos Guerras del Opio luego que las autoridades chinas decidieran prohibir el consumo y la comercialización del opio y abocarse a la protección de su producción local impidiendo el contrabando y la importación. Como de costumbre, en nombre del sacrosanto libre mercado –y el derecho a consumir opio (heroína) en Europa Occidental–, las potencias imperiales atacaron China, impusieron a sangre y fuego la apertura del comercio chino y de paso se anexionaron el puerto de Hon Kong. Ayer el pretexto fue el opio. Hoy es el fentanilo.
La configuración cultural estadounidense no puede vivir sin enemigos. Su historia cinematográfica lo acredita: indios, vietnamitas, rusos, islámicos, latinoamericanos, y ahora chinos. En los tiempos de vacancia de demonios –para no perder la costumbre– se dedicaban a configurar terror con invasores galácticos y marcianos. La guerra contra Beijín está planteada en una dimensión bifronte. Por un lado, en su estructuración económica, comercial y tecnológica. Pero detrás de esa conflagración visible hay otra silenciada: la necesidad de impedir que Xi Jinping se convierta a los ojos del mundo en el factótum victorioso de una Larga Marcha que ha sido capaz de eclipsar la soberbia arrogante del Occidente colonial, acostumbrado a definir –durante los últimos cinco siglos– los estándares acerca de qué es la civilización y qué es la barbarie.
Sin embargo, más allá de las acciones orientadas a fragmentar o desmantelar La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI) –el proyecto de infraestructura global impulsado por Beijín para mejorar la logística comercial– lo que Estados Unidos no puede consentir es que el liderazgo del país más competitivo y productivo del mundo sea el resultado de una orientación estratégica decidida por un partido comunista. La beligerancia contra el Gigante Asiático, que ya tiene más de una década y media, se lleva a cabo en formato híbrido: aranceles, asedio al Collar de Perlas –el circuito marítimo en el sudeste asiático–, la extorsión a los países que cooperan con Beijing, las sanciones unilaterales, las provocaciones en torno a Taiwán, y hostilidades mediáticas y propagandísticas.
La segunda faceta de la guerra que plantea Trump es indirecta, pero tiene como destinatario último a la misma víctima. Busca desacoplar a la Federación Rusa respecto a China, aunque esto implique el distanciamiento de un socio atlantista menor, la Unión Europea, a quien juzgan como su vasallo comprobado. El secretario de Estado Marco Rubio lo expuso con claridad el último 25 de marzo, en un sincericidio brindado al portal Breitbart, fundado por Steve Bannon. En esa entrevista, Rubio admitió que los posicionamientos de Trump en torno al conflicto en Ucrania buscan desacoplar a Moscú de Beijín, tal como lo planificó y ejecutó Henry Kissinger en la década del ´70. “No sé si alguna vez lograremos desvincularlos por completo de su relación con los chinos (…) pero tenemos que intentarlo (…) ahora estamos hablando de dos potencias nucleares alineadas contra Estados Unidos…”.
El tercer capítulo de las guerras concatenadas refiere a las pretensiones expansionistas de ocupación territorial y control logístico de puntos estratégicos. En ese rubro aparecen los casos de Panamá y Groenlandia, territorio ligado a Dinamarca durante los últimos ocho siglos. Marco Rubio se encargó de justificar el ansia expansionista al afirmar que: “… los chinos básicamente son dueños de los dos grandes puertos: los puertos de Hutchison en ambos lados del canal (…) en el futuro los chinos podrían impedir el tráfico del canal. Esa es la preocupación central.” En el caso de Gaza, las provocaciones respecto a la limpieza étnica de ese territorio refieren a garantizar un control del Mediterráneo occidental, el acceso a las reservas de gas de sus costas y a la protección militar de su socio, Bibi Netanyahu.
La cuarta conflagración exhibe claros tintes racistas. Se trata de expulsar a todos los pobres migrantes que no son protestantes, blancos y anglosajones (WASP), siguiendo el programa del Ku Kux Klan (KKK), sin abocarse a los afrodescendientes ya asentados en Estados Unidos. La guerra racialista tiene como víctimas a quienes migraron en los últimos cincuenta años, sobre todo los latinoamericanos. Uno de los lideres de ese movimiento supremacista, David Duke, agradeció emocionado al actual presidente al señalar que “Trump nos ha empoderado”. La quinta embestida es contra el denominado wokismo, que no es otra cosa que la expresión de la defensa de los derechos de las mujeres, las diversidades y los grupos étnicos racializados. Esta hostilidad no es –como se cree– cultural. Es una embestida en toda la línea contra la lógica del mercado que invisibiliza el trabajo de la mujer, feminiza forzosamente las tareas de cuidado, denuncia al patriarcado como partícipe imprescindible de la explotación económica y segrega en términos supremacistas a quienes considera “inferiores”. Se le atribuye a Henry Kissinger el apotegma de que Estados Unidos no tiene amigos permanentes, sólo intereses.
Mientras, 98 personas fueron arrestadas en protestas dentro de la Trump Tower de la 5ta Avenida rechazando la detención del alumno palestino Mahmoud Khalil, residente legal de EE.UU. y considerado líder de las manifestaciones del año pasado en Columbia. El gobierno de Trump lo acusa de haber dirigido actividades vinculadas al grupo terrorista Hamás, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esta afirmación. Incluso miembros de la comunidad judía en Nueva York han rechazado su arresto.
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Pensamiento crítico. Crónica sobre la alienación y el autoengaño en la izquierda.

Por Bruno Resck /Outras Palabras / Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de 2025.Imagen: Cristiano Mariz
Al hablar con un trabajador de limpieza externo en el edificio donde trabajo, me enfrenté a una realidad que muchos prefieren ignorar: la brecha entre las cifras económicas y la vida real de los trabajadores.
En esas charlas informales, en las que no salíamos de los límites del sentido común, la conversación llegó a una conclusión unánime: ¡qué altos eran los precios de los alimentos en el supermercado! En ese momento, uno de los trabajadores subcontratados mencionó que recibe alrededor de R$ 1.200 por mes y relató la dificultad de lograr que ese valor alcance hasta fin de mes. La conversación terminó, cada uno siguió su camino.
Sin embargo, seguí reflexionando sobre ese intercambio de palabras. Cada vez que paso por una parada de autobús llena de gente o veo largas colas en los hospitales públicos, recuerdo esa breve charla. Esta realidad me hizo reflexionar sobre una aparente contradicción: las cifras económicas positivas presentadas por el gobierno contrastan con la caída de la popularidad del presidente Lula.
Cuando ese trabajador subcontratado recibe su sueldo a fin de mes, con un monto inferior al salario mínimo, ¿realmente siente los efectos del crecimiento del PIB? ¿O el supuesto aumento del empleo? Para él, lo que importa es el precio del arroz, el alquiler y las facturas de electricidad, y no las estadísticas oficiales. ¿Se sentirá motivado a votar en 2026 con el objetivo de defender la democracia frente a la extrema derecha, o su elección estará guiada por la frustración cotidiana?
Las cifras oficiales muestran un bajo desempleo, pero esconden un mercado laboral precario. CAGED revela una alta rotación de personal y salarios iniciales bajos, lo que significa que muchos trabajadores no alcanzan la estabilidad financiera.
Además, es necesario considerar la alta informalidad y la preocupante tasa de desempleo entre los jóvenes de 18 a 24 años, que ronda el 15%. La informalidad, a su vez, fomenta la ilusión del emprendimiento, lo que en la práctica a menudo se traduce en precariedad y sobreexplotación del trabajo.
En los primeros dos años del gobierno de Lula 3, algunas categorías de trabajadores obtuvieron ganancias reales en sus salarios. Sin embargo, la inflación en combustibles, planes de salud, alquileres y, principalmente, alimentos erosiona este incremento, haciéndolo casi imperceptible para la población.
Otro factor alarmante, que contrasta con los indicadores positivos del Gobierno, es el nivel de deuda de los hogares. Según la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), 2024 terminó con el 77% de las familias brasileñas endeudadas. Este escenario de endeudamiento viene acompañado de sucesivos beneficios récord por parte de los bancos, que siguen drenando los ingresos de los trabajadores.
Ante este escenario, vemos una sociedad dividida, llena de un cierto aire de desconfianza y desánimo. Incluso con los esfuerzos del gobierno por mejorar su comunicación, quienes viven en la “planta de producción” notan la falta de entusiasmo respecto a la gestión actual. En definitiva, para comunicarse mejor es necesario tener algo que comunicar.
* * *
Lula ganó en 2022 uniendo diferentes fuerzas políticas contra la extrema derecha. Ahora bien, esta misma alianza limita sus acciones, pues depende de un Congreso mayoritariamente conservador y de un sector financiero que presiona a favor de la austeridad. Aún así, hay espacio para medidas progresistas que no dependan exclusivamente del Legislativo, como el fortalecimiento de la banca pública, de Petrobras y políticas de valorización salarial.
¿Puede explicarse este descontento generalizado en la sociedad únicamente por un problema de comunicación o por los límites de la gobernabilidad? ¿O hay algo más profundo?
Desde 2003, los gobiernos del PT no han roto con los dogmas neoliberales del Consenso de Washington: tipo de cambio flotante, meta de inflación y superávit primario. Por el contrario, el gobierno del PT reafirma su fe en la sostenibilidad del Nuevo Marco Fiscal (NAF) y en el mantenimiento de la independencia del Banco Central. En casi quince años de gobierno, el Partido de los Trabajadores no ha cambiado las estructuras del capitalismo rentista brasileño ni nuestro papel en la división internacional del trabajo.
La austeridad impuesta por el NAF, bajo la gestión del ministro Fernando Haddad, impide inversiones en la mejora y ampliación de los servicios públicos. En cambio, la lógica neoliberal permite transferir estos servicios al sector privado. El BNDES del gobierno de Lula 3 da continuidad al programa “Puente para el Futuro” inaugurado en el gobierno de Michel Temer. Una de las políticas de este programa son las Asociaciones Público-Privadas (APP), que destinan dinero público para concesiones de carreteras, puertos, parques, escuelas y guarderías. De esta manera, el gran capital gana dos veces: primero, captando recursos del presupuesto público a través de la deuda pública; En segundo lugar, mediante la apropiación de bienes y servicios estatales mediante concesiones y privatizaciones.
A pesar del discurso progresista, no ha habido esfuerzos por parte del actual gobierno para revertir el avance de la tercerización en los servicios públicos y privados. Por el contrario, la precariedad laboral se ha intensificado día a día. Un factor agravante: la externalización en el servicio público no garantiza necesariamente una reducción del gasto gubernamental. En muchos casos, el coste de los contratos con empresas externalizadas puede ser incluso superior al del mantenimiento de servidores efectivos, sin contar la pérdida de calidad y estabilidad en los servicios prestados.
No hay señales de que se reviertan las privatizaciones de empresas estratégicas para que puedan actuar en el desarrollo del país. En cambio, el gobierno sigue presentando paquetes de ajuste fiscal que impactan directamente a los sectores más vulnerables de la población, beneficiarios de programas como Bolsa Família y Beneficio de Prestação Continuada (BPC). Éstas son las eternas “reformas” neoliberales.
Pues bien, un fantasma recorre la política brasileña: el fantasma de las protestas de junio de 2013. En aquel entonces, los líderes del PT no se dieron cuenta de que, más que un reflejo del patrimonialismo o la influencia de las redes sociales, lo que llevó a miles de manifestantes a las calles fue la insatisfacción con la baja calidad de los servicios públicos. Los grandes centros urbanos eran auténticos polvorines a punto de estallar.
A pesar de los avances sociales como las políticas de combate al hambre, la expansión de la red federal de educación y un período de crecimiento económico producto del auge de las materias primas que permitió la expansión de la inversión pública, hubo una creciente insatisfacción entre distintos segmentos de la población.
Aunque el país vivió un clima de euforia y optimismo durante el segundo mandato del presidente Lula, hubo un déficit de políticas urbanas en transporte público, seguridad, educación y salud. Este conjunto de descontentos salió a la luz en junio de 2013, cuando el entonces alcalde de la capital paulista, Fernando Haddad, anunció un ajuste en las tarifas de autobús. Esta medida fue considerada de extrema importancia para equilibrar las cuentas de la ciudad, pero sirvió como detonante para el estallido de grandes manifestaciones que, en menos de veinte días, se extendieron por las ciudades del país y tomaron la Esplanada dos Ministérios en Brasilia.
¿Cómo explicar que avances económicos y sociales “nunca antes vistos en la historia de este país” se desvanecieran en cuestión de meses? ¿O en un marco temporal más amplio, hasta el golpe de 2016? Existe una visión miope que atribuye los acontecimientos de 2013 y 2016 a una revuelta de la clase media y al fenómeno de las redes sociales. Son explicaciones que buscan un factor externo para eclipsar las críticas al modelo económico del lulismo, que mantuvo intactas las estructuras de dominación, acumulación de capital y sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
El trabajador sabe hacer matemáticas. El trabajador no necesita supervisión. Explicaciones como “pobre derecha” colocan la responsabilidad de sus problemas sobre los hombros de los trabajadores. Crean una especie de vínculo moral o un cierto aire de ingratitud por parte del votante que no vota por el Partido de los Trabajadores –o por los partidos progresistas–. Es cierto que el mundo del siglo XXI ha demostrado ser complejo y es notable el avance de la extrema derecha, impulsada por la ideología del emprendimiento y la fe de la teología de la prosperidad. Por otro lado, también es cierto que la extrema derecha ha encontrado terreno fértil en las últimas cuatro décadas de consolidación del neoliberalismo.
Si hay algo que los gobiernos del PT deberían haber aprendido de las manifestaciones de 2013 es que las promesas de crecimiento económico no son suficientes para garantizar el apoyo popular. El trabajador común no vive de indicadores, sino de la realidad concreta de su vida cotidiana. Este error se repitió en 2015, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff, bajo una fuerte presión del mercado, nombró a Joaquim Levy como ministro de Finanzas.
Con un sesgo ortodoxo, Levy adoptó una agenda de austeridad que incluyó recortes en la inversión pública y restricciones presupuestarias, lo que resultó en una fuerte caída de la economía. El desempleo se disparó, el consumo se desplomó y el gobierno perdió apoyo popular, creando un escenario de insatisfacción que facilitó el proceso de impeachment en 2016. Estos episodios refuerzan la lección de que los números económicos positivos no son suficientes: el crecimiento debe traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas.
Si el gobierno de Lula 3 quiere revertir el escenario de apatía y desconfianza, necesitará ir más allá de la comunicación y enfrentar realmente los obstáculos estructurales del país. Para lograrlo, es fundamental romper con el Marco Fiscal, que impone una lógica de “austeridad” permanente y ahoga la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, servicios públicos y generación de empleo. El crecimiento económico sostenible depende de un Estado fuerte, capaz de impulsar la industria nacional, reducir las desigualdades y garantizar que el desarrollo llegue a todos.
La ampliación de la CONAB y las políticas de reforma agraria podrían contribuir a la estabilidad de los precios de los alimentos, mientras que el fortalecimiento de la banca pública y la expansión del crédito productivo permitirían a los pequeños y medianos empresarios no ser rehenes de las altas tasas de interés del sector financiero privado. Terminar con el Marco Fiscal no significa irresponsabilidad fiscal, sino reemplazar un modelo que estrangula la inversión pública por una política económica que priorice el bienestar social y el fortalecimiento del sector productivo.
Además, es esencial que el gobierno reconstruya sus vínculos con la base popular y escuche a quienes experimentan los impactos de la política económica a diario. La distancia entre la dirección federal y los trabajadores crea un vacío que puede ser aprovechado por discursos oportunistas de la extrema derecha. Si el descontento crece incluso ante indicadores positivos es porque estos números no se traducen en mejoras concretas en la vida cotidiana de la mayoría.
El gobierno necesita abrir canales reales
para la participación popular, fortalecer los consejos y los
movimientos sociales y garantizar que sus decisiones estén condicionadas
por las necesidades de la población. Más que anunciar medidas, lo que
la gente necesita es sentirse parte del proyecto de reconstrucción del
país. De lo contrario, el descontento seguirá creciendo y podría ser
aprovechado por fuerzas políticas que ofrezcan respuestas aún más
regresivas.
Bruno Resck es geógrafo y profesor del Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG).
Publicado originalmente en Outras Palavras .
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Gobernador de Kentucky asegura que Donald Trump y Elon Musk están llevando a la economía al abismo.
Andrew Graham Beshear, gobernador de Kentucky, anticipa que se avecina un
desastre en la economía estadounidense.

Andy Beshear presagia un desastre para la economía estadounidense con la imposición de aranceles impulsada por Donald Trump. Crédito: Timothy D. Easley | AP......,

Estados Unidos. Arrestos de migrantes en EE.UU. aumentan por día con las políticas antimigrantes de Trump.....,

TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2025.
En la primera semana del nuevo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado más de 4.500 arrestos con findes de deportaciones posteriores, de acuerdo con cifras del diario The New York Post.
Tras la investidura del mandatario y el inicio de la nueva Administración, las detenciones de migrantes indocumentados en los EE.UU. han pasado de cientos en un día, a entre 1.200 y 1.500 en una jornada, y se han reportado redadas en ciudades importantes como Chicago, Los Ángeles, Boston, Nueva York y Denver y Texas, las cuales culminan con la deportación masiva de miles de inmigrantes de diversos países de Latinoamérica y el mundo.
Más de una docena de órdenes judiciales que afectan la política migratoria han sido firmadas por el magnate en los primeros días desde el inicio de su gestión. De acuerdo con testimonio del subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el mandatario exige a las autoridades migratorias al menos 1.800 arrestos diarios.
En total, 25 oficinas del ICE deben cumplir con esta cuota, precisó el funcionario en entrevista con CNN: «Las cifras mencionadas son un mínimo, no un máximo. Y lo que es más importante, son un mínimo. El objetivo es arrestar al menos a esa cantidad, pero con suerte a muchos más».
Cabe destacar que, para alcanzar estos números de arrestos, los cuales posteriormente se traducen en deportaciones masivas, una de las órdenes de Trump permite que los funcionarios de ICE deporten a migrantes ilegales sin que medie decisión judicial alguna, por lo que se trata de deportaciones casi automáticas después de las detenciones.
A ello se suma el anuncio del llamado «zar de la frontera», Tom Homan, quien declaró que las agencias a cargo de la detención y deportación de los inmigrantes ilegales no verificarán si estos han cometido delitos o no. Así como se une la eliminación de las protecciones a migrantes indocumentados que viven en el país en calidad de refugiados en iglesias, albergues, escuelas, etc.
En esa retórica criminalizadora se expresó también recientemente la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que todos los inmigrantes ilegales son considerados como criminales por parte del jefe de Estado: «Está centrado en lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales de la historia de Estados Unidos. Y si eres un individuo, un extranjero que entra ilegalmente en Estados Unidos de América, eres por definición, un criminal«, dijo.
No pocos senadores demócratas han expresado su preocupación con que las fronteras sean seguras, pero señalan que las órdenes ejecutivas de Trump no se dirigen solamente hacia los criminales. Entre estos se encuentra el senador demócrata Dick Durbin.

Los intentos de golpe de Estado y los golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que haya transformaciones sociales beneficiosas para nuestros pueblos.
La BBC tituló en junio pasado que Bolivia era «el país con más intentos de golpe de Estado» desde 1950 esto en el contexto de los hechos sucedidos el 26 de junio de este año en que un grupo de militares irrumpieron en la sede de gobierno, ubicada en la Plaza Murillo, con la intención de derrocar a Luis Arce y tomarse el poder.
La intentona golpista fue encabezada por el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga Macías, quien días antes había señalado que Evo Morales “no puede ser más presidente de este país” y que “llegado el caso no permitiría que pisotee la Constitución”. Así mismo dijo que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”. Durante la intentona dijo también que pretendía restaurar la democracia y que al ejército no le faltan cojones.
El intento de golpe de Estado fracasó como es conocido y los responsables están detenidos. La intentona golpista a diferencia del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, en esta ocasión los sublevados no contaron con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas ni había un escenario favorable para sus expectativas.
Recordemos que el 2019, el Comandante del Ejército de entonces, Williams Kaliman, graduado de la Escuela de las Américas, le exigió la renuncia a Evo Morales en un contexto de violencia y desestabilización creado con acusaciones falsas de fraude electoral.
Lo cierto es que dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, se sigue evidenciando que hay militares adeptos al pasado y a la Doctrina de la Seguridad Nacional, inoculada por los Estados Unidos a las tropas de América Latina. Es muy posible que en el futuro veamos otros intentos de golpes de Estado si no se toman las medidas del caso y si no se fortalece y se cuida la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS).
En Venezuela, luego de las elecciones a la presidencia del 28 de julio pasado, el gobierno ha denunciado que está en proceso un intento de golpe de Estado por parte de la oposición que encabeza María Corina Machado quienes nuevamente no han reconocido los resultados electorales como ha sucedido una y otra vez en el pasado. Mientras se acusa que en Venezuela hay una dictadura, han participado de diversos procesos electorales anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la oposición ganó 3 gobernaciones y 59 alcaldías en Venezuela y pueden operar legalmente los partidos de oposición como presentar sus candidatos en los diversos procesos electorales.
En Venezuela, como sabemos, no sería la primera vez que se intenta por la fuerza derrotar al gobierno bolivariano. El 11 de abril de 2002, asaltaron el poder pero fracasaron a los pocos días.
En la última década el sector más reaccionario de la oposición venezolana ha seguido sus intentos de derrocar al gobierno con protestas violentas, guarimbas, ingreso de mercenarios, atentados terroristas a la infraestructura estatal, y hasta con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la derecha venezolana no ha logrado ni derrotar al gobierno ni contar con el apoyo masivo de la población para alcanzar el poder.
Así mismo, las más de 900 sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, el estrangulamiento económico, la guerra híbrida sostenida en el tiempo contra este país, incluyendo el financiamiento de la oposición y de las acciones violentas, han sido un elemento considerable que han desarrollado con el fin de “crear un clima” necesario en Venezuela (como lo hicieron contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en los setenta) para el estallido social el que, sin embargo, no les ha funcionado por la unidad, conciencia y politización en las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la sociedad venezolana que sigue manteniendo y votando a favor de la continuidad de la revolución bolivariana.
Recordemos, para nuestra buena memoria, los intentos y golpes de Estado que se han producido en América Latina en las últimas décadas:
En Venezuela, el 12 de abril del 2002, la oposición, con apoyo de militares, consumó un golpe de estado sacando por la fuerza al Presidente Hugo Chávez. Entre los involucrados figuraban el general Efraín Vásquez y el general Ramírez Poveda, graduados de la Escuela de las Américas. Fue un intento de golpe de estado cívico-militar que duró aproximadamente 48 horas y fracasó.
En Haití, el 29 de febrero de 2004, el presidente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses con el apoyo de Francia. Ante la opinión pública, se dijo que Aristide había renunciado voluntariamente.
En Honduras, el 28 de junio de 2009, fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya y enviado a Costa Rica. Entre los responsables del golpe figuraron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, y el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas. El golpe de estado fue cívico-militar, avalado por el Congreso de Honduras con una mayoría de derecha.
En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, se secuestró por algunas horas al presidente Rafael Correa en un intento de golpe de Estado. Si bien es cierto que el intento fracasó EEUU, la USAID, y sus otras agencias, siguieron realizando esfuerzos para generar desestabilización social contra el gobierno popular y revertir lo avanzado. Finalmente, lograron que se procesara judicialmente a Rafael Correa para que no volviera a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales futuras y que actualmente Ecuador sea uno de los países con mayor asistencia militar de los EEUU.
En Paraguay, el 22 de junio de 2012, el Senado realizó un juicio “exprés” al Presidente Fernando Lugo y lo destituyó del cargo bajo el argumento que era responsable de los enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguaty el que tuvo un saldo de diecisiete personas muertas. De acuerdo a investigaciones posteriores se conoció que quien dio la orden fue Paulino Rojas, comandante de la Policía Nacional de Paraguay, entrenado en el FBI, quien tenía fuertes vínculos con la USAID. Se creó un escenario, se aprovechó, y se destituyó sin poder defenderse a un presidente elegido democráticamente.
En Brasil, el 31 de Agosto 2016, luego de un “Impeachment”, el Senado de Brasil destituyó formalmente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 votos contra 20, por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Tres años antes, en septiembre de 2013, asumiría la embajada de EEUU en Brasil Liliana Ayalde quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado también realizó un “Impeachment” a Fernando Lugo que lo destituyó. La presidenta Dilma Rousseff dijo entonces: “En el pasado con las armas, y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pretenden atentar contra la Democracia y contra el Estado de Derecho”.
En Bolivia, 10 Noviembre 2019, mediante la denuncia de un fraude electoral y la creación de un clima de violencia social (como hemos visto en Venezuela) se logró destituir al presidente Evo Morales. Estados Unidos reconoció de inmediato a Jeanine Áñez, una senadora de derecha, que asumió la presidencia.
En una declaración de entonces SOA Watch señaló que:
“Al menos 6 graduados de la Escuela de las Américas y/o del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC) jugaron un papel en el golpe de Estado en Bolivia. Partiendo por el graduado de SOA/WHINSEC, el general Kaliman, quien recibió entrenamiento, el 2003 y 2004, tomando el curso de “Comando y Estado Mayor” en Fort Benning, Estados Unidos”.
“El entrenamiento en SOA/WHINSEC de futuros jefes militares es precisamente para establecer una relación de Estados Unidos con oficiales militares de alto rango para alcanzar los objetivos de Estados Unidos, como dijo el Comandante de WHINSEC, recientemente, “las relaciones que construyeron aquí” y “les ayuda a hacer las cosas””.
En Haití, el 17 de julio de 2021, asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, entre los involucrados varios de los mercenarios son colombianos, ex militares, quienes habían recibido anteriormente entrenamiento en la Escuela de las Américas del ejército de los EEUU.
En Perú, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República y llamaría a elecciones parlamentarias. Sin embargo, fue destituido por “incapacidad moral” y acusado de golpe de Estado por el mismo Congreso que el mismo día tenía contemplado votar su salida. Muchos consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe de Estado ya que no lo dejaron gobernar e igualmente lo iban a destituir. Cabe recordar que el 2019 el presidente de entonces Martín Vizcarra tomó la misma medida, disolvió el Congreso peruano, sin que fuera acusado de golpista. A diferencia de Castillo, Viscarra era de la élite y contó con el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Actualmente, Castillo sigue prisionero y Dina Boluarte, quien lo reemplazó, sigue en el poder sin haber realizado elecciones presidenciales hasta el momento. Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar en Perú.
En Brasil, 8 de enero de 2023, un grupo numeroso de manifestantes de derecha intentan tomarse el palacio de Planalto donde funcionan los tres poderes del Estado brasileño en apoyo a Jair Bolsonaro quien no reconoció su derrota en las elecciones. Si bien es cierto que durante los ataques Bolsonaro se encontraba en EEUU una investigación policial lo sitúa previamente en múltiples reuniones con asesores y militares para discutir la posibilidad de un golpe. Recordemos que bajo el gobierno de Bolsonaro aumentaron las relaciones militares con los EEUU las que se han mantenido hasta el presente lo que representa un peligro para la democracia brasileña.
El entrenamiento militar de EEUU a tropas de América Latina como el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entre otras, a ONG, partidos políticos, grupos de oposición, y la prensa hegemónica, constituyen instrumentos para que EEUU instale su agenda, pueda desestabilizar a gobiernos progresistas y llegado el caso pueda incluso apoyar e instigar golpes de Estado en América Latina.
Adicionalmente, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de los EEUU, que funciona en El Salvador, y donde se forman a policías, fiscales y jueces de América Latina constituye un instrumento para la guerra jurídica o lawfare para procesar, judicializar, y criminalizar a líderes sociales y presidentes progresistas de todo nuestro continente con el objetivo de sacarlos del camino y recuperar su status quo neoliberal.
Como hemos visto, los intentos y golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que hayan transformaciones sociales que beneficien a nuestros pueblos.
* Pablo Ruiz es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.Europa ::
https://petras.lahaine.org/
La Gran Cama y la insurrección popular.
(La revolución debajo de la cama)
x James Petras - La Haine.


https://cedema.org/
NINGUN SER HUMANO ES ILEGALMelinka.2025....,
Colecciones Biblioteca CeDeMA Investigación
https://redlatinasinfronteras
CUNCUMEN EN EL BRONX Y EN GIRA POR LOS EE.UU.
Por La Comisión de Seguimiento del Movimiento Caaamañista-MC: Narciso Isa Conde
Santo Domingo /RD 5-02-25
Organizaciones de izquierda dominicanas rechazan visita de Marco Rubio
Movement of La Peña del Bronx.Can Trump Legally Deport Mahmoud Khalil? What About Free Speech? Here’s What Experts Say.
Everything you need to know about the Trump administration’s attempt to deport the Columbia student protest negotiator and what’s next.

The Trump administration's communication around the arrest of Columbia University student protest negotiator, Mahmoud Khalil, a green card holder, has brought more questions than answers. Not only is it unclear what evidence, if any, the administration is using to initiate deportation proceedings, but his arrest has also spurred questions about the rights of permanent residents and whether the administration can simply go after someone based on their speech.
Here’s what legal experts say about his arrest, the Trump administration’s actions so far, and what it could mean for other immigrants:
Can a green card holder even be deported? What authority is the Trump administration using to detain Khalil and possibly deport him?
Yes, a green card holder (or lawful permanent resident) can be deported. The most common way is if they committed a crime.
But in Khalil’s case, he has not been charged with any crime. Instead, Secretary of State Marco Rubio personally signed off on targeting Khalil using a narrow, little-used authority from the Immigration and Nationality Act (INA), as Zeteo previously reported.
Under the provision – section 237(a)(4)(C)(i) – an immigrant who is not a citizen or US national, but “whose presence or activities in the United States the Secretary of State has reasonable ground to believe would have potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States is deportable.”
While the provision has an exception for conduct deemed “lawful” in the US (such as free speech), the exception has an exception: if the secretary of state “personally determines that the alien's admission would compromise a compelling United States foreign policy interest.” That personal determination seems to be driving Rubio’s insistence that the Trump administration can deport legal permanent residents whom it deems to be “pro-Hamas.”
A White House official told the Free Press that “the allegation here is not that [Khalil] was breaking the law,” but rather that he is a “threat to the foreign policy and national security interests of the United States.”
It’s worth mentioning that the Jewish publication Forward called the INA a “McCarthy-era antisemitic law” that was widely viewed at the time of its passage in 1952 as a way to target “Eastern European Jewish Holocaust survivors suspected of being Soviet agents.”
What constitutes someone having “potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States”? Is it constitutional?
The INA provision is extremely vague and doesn’t define any specific metrics the secretary of state must follow in determining whether someone has potentially serious adverse foreign policy consequences for the country.
The provision is rarely used – “that’s how powerful it is,” said Charles Kuck, an immigration attorney and adjunct professor of law at Emory University and the University of Georgia.
The Department of Homeland Security on Saturday accused Khalil of leading “activities aligned to Hamas” and said authorities detained Khalil “in support of President Trump’s executive orders prohibiting anti-Semitism.” The Trump administration has not provided any specific evidence on which it is basing its determination. Khalil’s legal team has rejected the Trump administration’s claim that Khalil supported a terrorist organization. Khalil himself emailed the university a day before his arrest, worried about his safety, saying he had been harrassed and attacked online by pro-Israel groups that had called for his deportation.
John Sandweg, former acting director for ICE, told CNN that provisions like the one the Trump administration is using to detain Khalil are typically cited if immigration authorities accuse someone of “providing direct financial or operational support to a terror organization.”
He added, “It is far less common for ICE to allege that political views or speech renders a green card holder deportable under the terrorism grounds as that raises significant First Amendment concerns.”
That said, immigration courts, more generally, are often given “wide discretion” in categorizing whether people are “engaging in terrorist activities,” according to Karla McKanders, the director of the NAACP’s Legal Defense Fund’s Thurgood Marshall Institute.
Because the INA provision is so rarely used, it’s hardly been tested in federal court.
It’s worth noting, however, that a district court in 1996 did find that the provision was “unconstitutionally vague,” said Lindsay Nash, an associate professor at Cardozo School of Law and co-director of the Kathryn O. Greenberg Immigration Justice Clinic.
According to Nash, the judge, who was none other than Donald Trump’s sister, Maryanne Trump Barry, essentially said that “providing the secretary of state [the ability] to determine deportability” deprives the court of the role it would “normally have in reviewing these types of determinations.” The law, the court said, also doesn’t give non-citizens a way to know what is prohibited, and it violated procedural due process because “it provides no opportunity to be heard on the charges against you before you're determined to be deportable,” Nash told Zeteo. Ultimately, the court found the provision was an “unconstitutional delegation of legislative power to the executive.”
However, that ruling was thrown out by an appeals court, which did not comment on the constitutionality of the provision but rather said the district court did not have jurisdiction in the case.
In 1999, the Board of Immigration Appeals, which did not address the constitutionality issues, said that under the INA provision, the letter from the secretary of state “conveying the Secretary’s determination that an alien’s presence in this country would have potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States, and stating facially reasonable and bona fide reasons for that determination, is presumptive and sufficient evidence that the alien is deportable.”
What about the First Amendment?
Courts have previously found that green card holders, who are lawful permanent residents, are protected by the Constitution, including First Amendment rights. “Technically, the text of the First Amendment does not distinguish between citizens and non-citizens – so all persons in the US should be entitled to First Amendment protections,” McKanders told Zeteo.
While Kuck said it’s unlikely an immigration judge would go against Rubio’s determination, Khalil likely has a strong case in federal court.
“It seems to me constitutionally suspect to simply be able to deport someone who is protected by every right of the US constitution without due process,” Kuck said. “I do not believe that when Congress created that provision, it was thinking about a student protesting at a college, and how that could possibly impact the actual foreign policy of the United States. And I think that's a determination that is absolutely subject to judicial review,” he added. “I think the First Amendment absolutely trumps the Immigration Nationality Act.”
For his part, Rubio has said that “this is not about free speech. This is about people that don’t have a right to be in the United States to begin with.”
Yet, when asked about Khalil’s case on Wednesday, Trump border czar Tom Homan said that there are “limits” to free speech.
What happens next in Khalil’s case?
For now, Khalil remains detained in an ICE facility in Louisiana. A federal judge in New York has ordered the government not to deport Khalil while a challenge to his detention is pending. Khalil’s legal team has asked for their client to be moved to New York and released. The government has argued the case should be moved to New Jersey or Louisiana.
Separately, Khalil is scheduled to appear before an immigration judge in Louisiana on March 27.

What could Khalil’s case mean for other green card holders or legal permanent residents? Or those with student visas?
Trump has said there are more arrests to come, and sources within the government told Zeteo there are “multiple targets” beyond Khalil who the administration plans to use the provision to deport. If the Trump administration successfully deports Khalil under the INA provision it is using, legal experts expect the government will continue to target immigrants over their speech.
“The Trump administration's message is clear that it will abuse the law in its racist targeting of immigrant Palestinians, Arabs, Muslims, and others,” said Laila Ayub, immigration attorney and director of Project ANAR, an Afghan community immigration justice organization.
Sophie Dalsimer, an immigration attorney and co-director of Health Justice at New York Lawyers for the Public Interest, added: “The arrest and detention of Mahmoud Khalil represents an extremely disturbing weaponizing of federal law enforcement to punish and silence free speech.”
But she warned that while it may be easier for the Trump administration “to target visa holders, and then [lawful permanent residents], … it is not likely to stop there.”
McKanders agreed. “The topline is that this appears to be a retaliatory deportation for exercising First Amendment rights,” she said.
“The impact expands broader than one case. It is the chilling effect this executive action will have on curtailing both citizen and noncitizens speech as both groups will be afraid that their actions, although protected under the First Amendment, will be criminalized.”
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DOJ Deploys ‘Antisemitism Task Force’ to Four US Cities as Part of Crackdown on Pro-Palestine Protests
By Dave DeCamp / Antiwar.com
The US Department of Justice said Thursday that its recently created “Federal Task Force to Combat Antisemitism” will be heading to four US cities as part of the Trump administration’s broad crackdown on college protests critical of Israel.
The DOJ said the task force, led by attorney Leo Terrell, will be visiting the leadership of New York, Boston, Chicago, and Los Angeles to discuss “their responses to incidents of antisemitism at schools and on college campuses in their cities over the last two years.”
While the pro-Palestine protests that swept college campuses have been labeled “antisemitic,” many Jewish students and organizations have participated. The DOJ said that Terrell informed city leaders that he “was aware of allegations that the schools in their respective cities may have failed to protect Jewish students from unlawful discrimination, in potential violation of federal law.”
Attorney General Pam Bondi accused officials of not taking enough action against the protests. “Too many elected officials chose not to stand up to a rising tide of antisemitism in our cities and campuses following the horrific events of October 7, 2023,” she said. “Actions have consequences – inaction does, too.”
The DOJ, along with several other federal agencies, recently announced the cancellation of approximately $400 million in federal grants and contracts to Columbia University over claims of “inaction in the face of persistent harassment of Jewish students” even though Columbia has taken a heavy hand against students critical of Israel.
The federal agencies said the grants were being canceled in “light of ongoing investigations under Title VI of the Civil Rights Act,” which the agencies are likely enforcing using a definition of antisemitism that includes criticism of the state of Israel.
Back in 2019, President Trump signed an executive order directing all executive departments to consider the International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) definition of antisemitism and the organization’s list of examples of “contemporary antisemitism” when enforcing Title VI of the Civil Rights Act.
The IHRA’s examples of “contemporary antisemitism” includes “drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.” It also lists applying “double standards” to Israel by “requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation” and “denying the Jewish people their right to self-determination” by “claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.”
Civil liberties groups have sounded the alarm about the administration’s crackdown on pro-Palestine protests, including the effort to deport Mahmoud Khalil, a green card holder arrested by ICE over the weekend for his role in protests at Columbia. Khalil has not been accused of a crime, and the administration is trying to deport him by claiming he’s been involved in activities “contrary to US foreign policy.”
Khalil has been accused of being “pro-Hamas,” a label that the administration hasn’t defined and appears to apply to all critics of Israel’s genocidal war on Gaza. The White House alleged Khalil was involved in distributing “pro-Hamas propaganda fliers,” but hasn’t offered evidence for the claim.
The administration does not just want to target foreigners, as Terrel has said he wants to put “Hamas supporters” in jail and that federal hate crime indictments would be coming soon. “You see all these disorderly demonstrations, supporting Hamas and trying to intimidate Jews? We are going to put these people in jail — not for 24 hours, but for years,” he told Israeli media last month.
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As Mass Incarceration of Immigrants Rises, Detention Centers Eye New Contracts
One attorney warns of a “humanitarian crisis” in
detention centers as a jail notorious for abuse
reopens to ICE.
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Movimiento de La Peña del Bronx.
CUANDO EL MELINKA SALIO DE LA CARCEL EN NY,EE.UU.(DESDE LA CARCEL DE CAYUGA)2007.
https://www.archivochile.com
UN DIA SIN INMIGRANTES POR TODOS LOS EE.UU.1 de Mayo del 2025.
| Economía ...,
https://www.archivochile.com
Movimiento de La Peña del Bronx.
17 DE MARZO DE 2025
17 DE MARZO DE 2025
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