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Imagen aérea del campamento de 215 hectáreas. Expropiación en San Antonio: una decisión histórica ante un conflicto que revela la grave crisis habitacional en Chile.
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La decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio —ubicada en el sector de Cerro Centinela, en la región de Valparaíso— no solo cierra un conflicto que se arrastraba por meses, sino que abre un debate mayor sobre la incapacidad del Estado para enfrentar de manera efectiva el acceso a la vivienda digna en Chile. El caso, que involucra a más de diez mil personas asentadas hace años en un terreno privado, representa una radiografía exacta de un problema estructural arrastrado durante décadas: el derecho a la vivienda continúa siendo un privilegio más que un bien social garantizado.
Una megatoma que creció al ritmo de la necesidad
El asentamiento de Cerro Centinela se expandió de manera acelerada durante la última década. Sus más de 215 hectáreas ocupadas dan cuenta de un fenómeno que se repite en varias zonas del país: familias que, ante la imposibilidad de acceder al mercado formal de la vivienda, levantan sus hogares en terrenos disponibles —rurales, periféricos o en procesos de abandono— porque no tienen otra opción.
En San Antonio, como en tantos otros lugares, la ocupación fue primero un acto desesperado, luego una organización comunitaria, y con el tiempo, una necesidad políticamente ineludible. El Estado llegó tarde, como suele ocurrir en estos conflictos, cuando ya había miles de viviendas informales, redes sociales sólidas, comités internos y una población que exigía ser reconocida como parte legítima del territorio.
La magnitud del asentamiento convirtió la situación en un dilema jurídico, pero también humanitario. Desalojar significaba generar una crisis social; permitir la permanencia sin intervención, consolidar un gueto de precariedad. Entre ambos polos, el Estado intentó negociar.
Negociaciones fallidas y el quiebre con los propietarios
Los propietarios del predio sostuvieron por meses una negociación tensa con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y el Ministerio de Vivienda (Minvu). Las conversaciones no prosperaron por una diferencia sustantiva en el precio: los dueños aspiraban a un valor por metro cuadrado casi dos veces superior al ofrecido por el Estado. Para el gobierno, pagar ese monto equivalía a legitimar una especulación que terminaría afectando políticas futuras; para los propietarios, aceptar la evaluación fiscal suponía perder gran parte del valor de sus tierras.
La mesa se quebró y el gobierno avanzó hacia la expropiación, utilizando facultades legales existentes y justificando la medida en un “interés público mayor”: asegurar vivienda digna a miles de familias organizadas en más de 40 cooperativas, que ya contaban con ahorros y proyectos en curso.
La expropiación no abarca todo el terreno tomado —solo 100 de las 215 hectáreas—, lo que implica que miles de habitantes de las zonas no contempladas quedarán en una situación incierta y sujeta a eventuales desalojos, según lo dictado por tribunales. El Estado priorizó las áreas más aptas para un proyecto habitacional integral y técnicamente viable.
Un proyecto habitacional, pero muchas preguntas abiertas
El gobierno anunció que las hectáreas expropiadas serán destinadas a un conjunto habitacional que beneficiará a unas 3.700 familias, articulado a través de las cooperativas existentes. El modelo, basado en la corresponsabilidad y el ahorro previo, busca combinar inversión estatal con capacidad organizativa local.
Pero no está claro aún si los plazos permitirán atender la urgencia inmediata. Tampoco se sabe qué ocurrirá con las aproximadamente 400 familias que no pertenecen a cooperativas y que, por tanto, podrían quedar fuera del proyecto. La expropiación, en ese sentido, abre un camino, pero también revela las limitaciones del Estado para abarcar la totalidad de la problemática.
Hay desafíos urbanos relevantes: estabilización de terrenos, urbanización, construcción de servicios, planificación vial, acceso a transporte, integración al tejido urbano de San Antonio. Transformar una megatoma en un barrio consolidado requiere recursos significativos y una voluntad política sostenida durante años. La experiencia chilena demuestra que esos compromisos, a menudo, se diluyen en ciclos políticos cortos.
La toma como síntoma de una falla mayor
Aunque el caso de San Antonio es excepcional por su tamaño, no lo es por su origen. Chile lleva más de medio siglo enfrentando tomas de terreno debido al alto costo del suelo y la lentitud del sistema público de vivienda. Desde La Victoria en 1957, pasando por las tomas masivas de los años 60, la erradicación neoliberal de los 80 y el auge de los campamentos en los últimos veinte años, el patrón es siempre el mismo: cuando el Estado no responde, los sectores populares autogestionan sus soluciones.
La crisis habitacional actual, alimentada por el encarecimiento del suelo urbano, la subcontratación del modelo de vivienda social y la desigualdad estructural, hace que miles de familias trabajadoras —chilenas y migrantes— no puedan pagar un arriendo ni acceder a un crédito hipotecario. El resultado es previsible: hacinamiento, informalidad y tomas.
San Antonio es, por tanto, un espejo: no solo de la precariedad, sino también de la persistente desigualdad territorial del país. El conflicto no surgió de la ilegalidad sino de la necesidad; la ocupación no comenzó por voluntad de enfrentamiento, sino porque el mercado dejó fuera a quienes no pueden pagar suelos cada vez más caros
El desafío que queda: reconocer el derecho a la ciudad
La expropiación en San Antonio marca un precedente. Pero también obliga a preguntar si el Estado está dispuesto a reformar el sistema de vivienda más allá de responder a emergencias. Porque sin una política de suelo robusta, una regulación del precio del arriendo y una inversión sostenida en vivienda integrada, los campamentos seguirán creciendo, y las expropiaciones serán solo parches en un paisaje urbano cada vez más desigual.
San Antonio no debe ser leído como un conflicto aislado, sino como parte de una crisis estructural que exige cambios profundos: garantizar acceso real al suelo, reconocer la vivienda como derecho social y construir ciudades en las que los pobres no vivan en los márgenes —o en la ilegalidad forzada—, sino como ciudadanos plenos.
Simón del Valle
7 DE DICIEMBREDE2025
Reject Trump’s phony ‘peace plan!’
The United Nations Security Council
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