LA REBELDIA DE L@S INMIGRANT@S.ANTE LA DEBACLE Y CRISIS MUNDIAL,OTRO MUNDO ES POSIBLE CON UN PODER
15 DE MARZO DE 2025
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Mientras, 98 personas fueron arrestadas en protestas dentro de la Trump Tower de la 5ta Avenida rechazando la detención del alumno palestino Mahmoud Khalil, residente legal de EE.UU. y considerado líder de las manifestaciones del año pasado en Columbia. El gobierno de Trump lo acusa de haber dirigido actividades vinculadas al grupo terrorista Hamás, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esta afirmación. Incluso miembros de la comunidad judía en Nueva York han rechazado su arresto.
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Gobernador de Kentucky asegura que Donald Trump y Elon Musk están llevando a la economía al abismo.
Andrew Graham Beshear, gobernador de Kentucky, anticipa que se avecina un
desastre en la economía estadounidense.

Andy Beshear presagia un desastre para la economía estadounidense con la imposición de aranceles impulsada por Donald Trump. Crédito: Timothy D. Easley | AP......,

Estados Unidos. Arrestos de migrantes en EE.UU. aumentan por día con las políticas antimigrantes de Trump.....,

TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2025.
En la primera semana del nuevo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado más de 4.500 arrestos con findes de deportaciones posteriores, de acuerdo con cifras del diario The New York Post.
Tras la investidura del mandatario y el inicio de la nueva Administración, las detenciones de migrantes indocumentados en los EE.UU. han pasado de cientos en un día, a entre 1.200 y 1.500 en una jornada, y se han reportado redadas en ciudades importantes como Chicago, Los Ángeles, Boston, Nueva York y Denver y Texas, las cuales culminan con la deportación masiva de miles de inmigrantes de diversos países de Latinoamérica y el mundo.
Más de una docena de órdenes judiciales que afectan la política migratoria han sido firmadas por el magnate en los primeros días desde el inicio de su gestión. De acuerdo con testimonio del subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el mandatario exige a las autoridades migratorias al menos 1.800 arrestos diarios.
En total, 25 oficinas del ICE deben cumplir con esta cuota, precisó el funcionario en entrevista con CNN: «Las cifras mencionadas son un mínimo, no un máximo. Y lo que es más importante, son un mínimo. El objetivo es arrestar al menos a esa cantidad, pero con suerte a muchos más».
Cabe destacar que, para alcanzar estos números de arrestos, los cuales posteriormente se traducen en deportaciones masivas, una de las órdenes de Trump permite que los funcionarios de ICE deporten a migrantes ilegales sin que medie decisión judicial alguna, por lo que se trata de deportaciones casi automáticas después de las detenciones.
A ello se suma el anuncio del llamado «zar de la frontera», Tom Homan, quien declaró que las agencias a cargo de la detención y deportación de los inmigrantes ilegales no verificarán si estos han cometido delitos o no. Así como se une la eliminación de las protecciones a migrantes indocumentados que viven en el país en calidad de refugiados en iglesias, albergues, escuelas, etc.
En esa retórica criminalizadora se expresó también recientemente la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que todos los inmigrantes ilegales son considerados como criminales por parte del jefe de Estado: «Está centrado en lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales de la historia de Estados Unidos. Y si eres un individuo, un extranjero que entra ilegalmente en Estados Unidos de América, eres por definición, un criminal«, dijo.
No pocos senadores demócratas han expresado su preocupación con que las fronteras sean seguras, pero señalan que las órdenes ejecutivas de Trump no se dirigen solamente hacia los criminales. Entre estos se encuentra el senador demócrata Dick Durbin.

Los intentos de golpe de Estado y los golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que haya transformaciones sociales beneficiosas para nuestros pueblos.
La BBC tituló en junio pasado que Bolivia era «el país con más intentos de golpe de Estado» desde 1950 esto en el contexto de los hechos sucedidos el 26 de junio de este año en que un grupo de militares irrumpieron en la sede de gobierno, ubicada en la Plaza Murillo, con la intención de derrocar a Luis Arce y tomarse el poder.
La intentona golpista fue encabezada por el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga Macías, quien días antes había señalado que Evo Morales “no puede ser más presidente de este país” y que “llegado el caso no permitiría que pisotee la Constitución”. Así mismo dijo que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”. Durante la intentona dijo también que pretendía restaurar la democracia y que al ejército no le faltan cojones.
El intento de golpe de Estado fracasó como es conocido y los responsables están detenidos. La intentona golpista a diferencia del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, en esta ocasión los sublevados no contaron con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas ni había un escenario favorable para sus expectativas.
Recordemos que el 2019, el Comandante del Ejército de entonces, Williams Kaliman, graduado de la Escuela de las Américas, le exigió la renuncia a Evo Morales en un contexto de violencia y desestabilización creado con acusaciones falsas de fraude electoral.
Lo cierto es que dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, se sigue evidenciando que hay militares adeptos al pasado y a la Doctrina de la Seguridad Nacional, inoculada por los Estados Unidos a las tropas de América Latina. Es muy posible que en el futuro veamos otros intentos de golpes de Estado si no se toman las medidas del caso y si no se fortalece y se cuida la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS).
En Venezuela, luego de las elecciones a la presidencia del 28 de julio pasado, el gobierno ha denunciado que está en proceso un intento de golpe de Estado por parte de la oposición que encabeza María Corina Machado quienes nuevamente no han reconocido los resultados electorales como ha sucedido una y otra vez en el pasado. Mientras se acusa que en Venezuela hay una dictadura, han participado de diversos procesos electorales anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la oposición ganó 3 gobernaciones y 59 alcaldías en Venezuela y pueden operar legalmente los partidos de oposición como presentar sus candidatos en los diversos procesos electorales.
En Venezuela, como sabemos, no sería la primera vez que se intenta por la fuerza derrotar al gobierno bolivariano. El 11 de abril de 2002, asaltaron el poder pero fracasaron a los pocos días.
En la última década el sector más reaccionario de la oposición venezolana ha seguido sus intentos de derrocar al gobierno con protestas violentas, guarimbas, ingreso de mercenarios, atentados terroristas a la infraestructura estatal, y hasta con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la derecha venezolana no ha logrado ni derrotar al gobierno ni contar con el apoyo masivo de la población para alcanzar el poder.
Así mismo, las más de 900 sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, el estrangulamiento económico, la guerra híbrida sostenida en el tiempo contra este país, incluyendo el financiamiento de la oposición y de las acciones violentas, han sido un elemento considerable que han desarrollado con el fin de “crear un clima” necesario en Venezuela (como lo hicieron contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en los setenta) para el estallido social el que, sin embargo, no les ha funcionado por la unidad, conciencia y politización en las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la sociedad venezolana que sigue manteniendo y votando a favor de la continuidad de la revolución bolivariana.
Recordemos, para nuestra buena memoria, los intentos y golpes de Estado que se han producido en América Latina en las últimas décadas:
En Venezuela, el 12 de abril del 2002, la oposición, con apoyo de militares, consumó un golpe de estado sacando por la fuerza al Presidente Hugo Chávez. Entre los involucrados figuraban el general Efraín Vásquez y el general Ramírez Poveda, graduados de la Escuela de las Américas. Fue un intento de golpe de estado cívico-militar que duró aproximadamente 48 horas y fracasó.
En Haití, el 29 de febrero de 2004, el presidente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses con el apoyo de Francia. Ante la opinión pública, se dijo que Aristide había renunciado voluntariamente.
En Honduras, el 28 de junio de 2009, fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya y enviado a Costa Rica. Entre los responsables del golpe figuraron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, y el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas. El golpe de estado fue cívico-militar, avalado por el Congreso de Honduras con una mayoría de derecha.
En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, se secuestró por algunas horas al presidente Rafael Correa en un intento de golpe de Estado. Si bien es cierto que el intento fracasó EEUU, la USAID, y sus otras agencias, siguieron realizando esfuerzos para generar desestabilización social contra el gobierno popular y revertir lo avanzado. Finalmente, lograron que se procesara judicialmente a Rafael Correa para que no volviera a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales futuras y que actualmente Ecuador sea uno de los países con mayor asistencia militar de los EEUU.
En Paraguay, el 22 de junio de 2012, el Senado realizó un juicio “exprés” al Presidente Fernando Lugo y lo destituyó del cargo bajo el argumento que era responsable de los enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguaty el que tuvo un saldo de diecisiete personas muertas. De acuerdo a investigaciones posteriores se conoció que quien dio la orden fue Paulino Rojas, comandante de la Policía Nacional de Paraguay, entrenado en el FBI, quien tenía fuertes vínculos con la USAID. Se creó un escenario, se aprovechó, y se destituyó sin poder defenderse a un presidente elegido democráticamente.
En Brasil, el 31 de Agosto 2016, luego de un “Impeachment”, el Senado de Brasil destituyó formalmente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 votos contra 20, por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Tres años antes, en septiembre de 2013, asumiría la embajada de EEUU en Brasil Liliana Ayalde quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado también realizó un “Impeachment” a Fernando Lugo que lo destituyó. La presidenta Dilma Rousseff dijo entonces: “En el pasado con las armas, y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pretenden atentar contra la Democracia y contra el Estado de Derecho”.
En Bolivia, 10 Noviembre 2019, mediante la denuncia de un fraude electoral y la creación de un clima de violencia social (como hemos visto en Venezuela) se logró destituir al presidente Evo Morales. Estados Unidos reconoció de inmediato a Jeanine Áñez, una senadora de derecha, que asumió la presidencia.
En una declaración de entonces SOA Watch señaló que:
“Al menos 6 graduados de la Escuela de las Américas y/o del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC) jugaron un papel en el golpe de Estado en Bolivia. Partiendo por el graduado de SOA/WHINSEC, el general Kaliman, quien recibió entrenamiento, el 2003 y 2004, tomando el curso de “Comando y Estado Mayor” en Fort Benning, Estados Unidos”.
“El entrenamiento en SOA/WHINSEC de futuros jefes militares es precisamente para establecer una relación de Estados Unidos con oficiales militares de alto rango para alcanzar los objetivos de Estados Unidos, como dijo el Comandante de WHINSEC, recientemente, “las relaciones que construyeron aquí” y “les ayuda a hacer las cosas””.
En Haití, el 17 de julio de 2021, asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, entre los involucrados varios de los mercenarios son colombianos, ex militares, quienes habían recibido anteriormente entrenamiento en la Escuela de las Américas del ejército de los EEUU.
En Perú, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República y llamaría a elecciones parlamentarias. Sin embargo, fue destituido por “incapacidad moral” y acusado de golpe de Estado por el mismo Congreso que el mismo día tenía contemplado votar su salida. Muchos consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe de Estado ya que no lo dejaron gobernar e igualmente lo iban a destituir. Cabe recordar que el 2019 el presidente de entonces Martín Vizcarra tomó la misma medida, disolvió el Congreso peruano, sin que fuera acusado de golpista. A diferencia de Castillo, Viscarra era de la élite y contó con el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Actualmente, Castillo sigue prisionero y Dina Boluarte, quien lo reemplazó, sigue en el poder sin haber realizado elecciones presidenciales hasta el momento. Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar en Perú.
En Brasil, 8 de enero de 2023, un grupo numeroso de manifestantes de derecha intentan tomarse el palacio de Planalto donde funcionan los tres poderes del Estado brasileño en apoyo a Jair Bolsonaro quien no reconoció su derrota en las elecciones. Si bien es cierto que durante los ataques Bolsonaro se encontraba en EEUU una investigación policial lo sitúa previamente en múltiples reuniones con asesores y militares para discutir la posibilidad de un golpe. Recordemos que bajo el gobierno de Bolsonaro aumentaron las relaciones militares con los EEUU las que se han mantenido hasta el presente lo que representa un peligro para la democracia brasileña.
El entrenamiento militar de EEUU a tropas de América Latina como el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entre otras, a ONG, partidos políticos, grupos de oposición, y la prensa hegemónica, constituyen instrumentos para que EEUU instale su agenda, pueda desestabilizar a gobiernos progresistas y llegado el caso pueda incluso apoyar e instigar golpes de Estado en América Latina.
Adicionalmente, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de los EEUU, que funciona en El Salvador, y donde se forman a policías, fiscales y jueces de América Latina constituye un instrumento para la guerra jurídica o lawfare para procesar, judicializar, y criminalizar a líderes sociales y presidentes progresistas de todo nuestro continente con el objetivo de sacarlos del camino y recuperar su status quo neoliberal.
Como hemos visto, los intentos y golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que hayan transformaciones sociales que beneficien a nuestros pueblos.
* Pablo Ruiz es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.Europa ::
https://petras.lahaine.org/
La Gran Cama y la insurrección popular.
(La revolución debajo de la cama)
x James Petras - La Haine.


https://cedema.org/
NINGUN SER HUMANO ES ILEGALMelinka.2025....,
Colecciones Biblioteca CeDeMA Investigación
https://redlatinasinfronteras
CUNCUMEN EN EL BRONX Y EN GIRA POR LOS EE.UU.
MARCO RUBIO: NEOFASCISMO Y REFORZAMIENTO DEL DOMINIO DE EEUU
Marco Rubio es un halcón del trumpismo NO GRATO en este país.
Su agenda silenciada es la promoción e imposición de la política neofascista de Trump y Elon Musk, con un fuerte componente racista, xenófobo; y el reforzamiento del dominio imperialista estadounidense sobre el país; comprometiendo a un gobierno servil con la peligrosa estrategia de dominación de un imperio en decadencia y descomposición.
Todo lo demás sobre drogas y tráficos diversos, es pura retórica encubridora.
En una sociedad bajo una fuerte influencia del racismo anti haitiano y con un gobierno que vive esgrimiendo un falso “peligro haitiano”, el anuncio de la Administración Trump del retiro de su “ayuda” a la misión intervencionista en Haití, es una forma de chantajear y desviar la atención respecto a la gravedad de su línea anexionista y neofascista, que es el peligro real.
No olvidemos que según Rubio las fronteras de EEUU se extienden mucho más allá de su territorio.
Por La Comisión de Seguimiento del Movimiento Caaamañista-MC: Narciso Isa Conde
Santo Domingo /RD 5-02-25
Organizaciones de izquierda dominicanas rechazan visita de Marco Rubio
Movement of La Peña del Bronx.Can Trump Legally Deport Mahmoud Khalil? What About Free Speech? Here’s What Experts Say.
Everything you need to know about the Trump administration’s attempt to deport the Columbia student protest negotiator and what’s next.

The Trump administration's communication around the arrest of Columbia University student protest negotiator, Mahmoud Khalil, a green card holder, has brought more questions than answers. Not only is it unclear what evidence, if any, the administration is using to initiate deportation proceedings, but his arrest has also spurred questions about the rights of permanent residents and whether the administration can simply go after someone based on their speech.
Here’s what legal experts say about his arrest, the Trump administration’s actions so far, and what it could mean for other immigrants:
Can a green card holder even be deported? What authority is the Trump administration using to detain Khalil and possibly deport him?
Yes, a green card holder (or lawful permanent resident) can be deported. The most common way is if they committed a crime.
But in Khalil’s case, he has not been charged with any crime. Instead, Secretary of State Marco Rubio personally signed off on targeting Khalil using a narrow, little-used authority from the Immigration and Nationality Act (INA), as Zeteo previously reported.
Under the provision – section 237(a)(4)(C)(i) – an immigrant who is not a citizen or US national, but “whose presence or activities in the United States the Secretary of State has reasonable ground to believe would have potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States is deportable.”
While the provision has an exception for conduct deemed “lawful” in the US (such as free speech), the exception has an exception: if the secretary of state “personally determines that the alien's admission would compromise a compelling United States foreign policy interest.” That personal determination seems to be driving Rubio’s insistence that the Trump administration can deport legal permanent residents whom it deems to be “pro-Hamas.”
A White House official told the Free Press that “the allegation here is not that [Khalil] was breaking the law,” but rather that he is a “threat to the foreign policy and national security interests of the United States.”
It’s worth mentioning that the Jewish publication Forward called the INA a “McCarthy-era antisemitic law” that was widely viewed at the time of its passage in 1952 as a way to target “Eastern European Jewish Holocaust survivors suspected of being Soviet agents.”
What constitutes someone having “potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States”? Is it constitutional?
The INA provision is extremely vague and doesn’t define any specific metrics the secretary of state must follow in determining whether someone has potentially serious adverse foreign policy consequences for the country.
The provision is rarely used – “that’s how powerful it is,” said Charles Kuck, an immigration attorney and adjunct professor of law at Emory University and the University of Georgia.
The Department of Homeland Security on Saturday accused Khalil of leading “activities aligned to Hamas” and said authorities detained Khalil “in support of President Trump’s executive orders prohibiting anti-Semitism.” The Trump administration has not provided any specific evidence on which it is basing its determination. Khalil’s legal team has rejected the Trump administration’s claim that Khalil supported a terrorist organization. Khalil himself emailed the university a day before his arrest, worried about his safety, saying he had been harrassed and attacked online by pro-Israel groups that had called for his deportation.
John Sandweg, former acting director for ICE, told CNN that provisions like the one the Trump administration is using to detain Khalil are typically cited if immigration authorities accuse someone of “providing direct financial or operational support to a terror organization.”
He added, “It is far less common for ICE to allege that political views or speech renders a green card holder deportable under the terrorism grounds as that raises significant First Amendment concerns.”
That said, immigration courts, more generally, are often given “wide discretion” in categorizing whether people are “engaging in terrorist activities,” according to Karla McKanders, the director of the NAACP’s Legal Defense Fund’s Thurgood Marshall Institute.
Because the INA provision is so rarely used, it’s hardly been tested in federal court.
It’s worth noting, however, that a district court in 1996 did find that the provision was “unconstitutionally vague,” said Lindsay Nash, an associate professor at Cardozo School of Law and co-director of the Kathryn O. Greenberg Immigration Justice Clinic.
According to Nash, the judge, who was none other than Donald Trump’s sister, Maryanne Trump Barry, essentially said that “providing the secretary of state [the ability] to determine deportability” deprives the court of the role it would “normally have in reviewing these types of determinations.” The law, the court said, also doesn’t give non-citizens a way to know what is prohibited, and it violated procedural due process because “it provides no opportunity to be heard on the charges against you before you're determined to be deportable,” Nash told Zeteo. Ultimately, the court found the provision was an “unconstitutional delegation of legislative power to the executive.”
However, that ruling was thrown out by an appeals court, which did not comment on the constitutionality of the provision but rather said the district court did not have jurisdiction in the case.
In 1999, the Board of Immigration Appeals, which did not address the constitutionality issues, said that under the INA provision, the letter from the secretary of state “conveying the Secretary’s determination that an alien’s presence in this country would have potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States, and stating facially reasonable and bona fide reasons for that determination, is presumptive and sufficient evidence that the alien is deportable.”
What about the First Amendment?
Courts have previously found that green card holders, who are lawful permanent residents, are protected by the Constitution, including First Amendment rights. “Technically, the text of the First Amendment does not distinguish between citizens and non-citizens – so all persons in the US should be entitled to First Amendment protections,” McKanders told Zeteo.
While Kuck said it’s unlikely an immigration judge would go against Rubio’s determination, Khalil likely has a strong case in federal court.
“It seems to me constitutionally suspect to simply be able to deport someone who is protected by every right of the US constitution without due process,” Kuck said. “I do not believe that when Congress created that provision, it was thinking about a student protesting at a college, and how that could possibly impact the actual foreign policy of the United States. And I think that's a determination that is absolutely subject to judicial review,” he added. “I think the First Amendment absolutely trumps the Immigration Nationality Act.”
For his part, Rubio has said that “this is not about free speech. This is about people that don’t have a right to be in the United States to begin with.”
Yet, when asked about Khalil’s case on Wednesday, Trump border czar Tom Homan said that there are “limits” to free speech.
What happens next in Khalil’s case?
For now, Khalil remains detained in an ICE facility in Louisiana. A federal judge in New York has ordered the government not to deport Khalil while a challenge to his detention is pending. Khalil’s legal team has asked for their client to be moved to New York and released. The government has argued the case should be moved to New Jersey or Louisiana.
Separately, Khalil is scheduled to appear before an immigration judge in Louisiana on March 27.

What could Khalil’s case mean for other green card holders or legal permanent residents? Or those with student visas?
Trump has said there are more arrests to come, and sources within the government told Zeteo there are “multiple targets” beyond Khalil who the administration plans to use the provision to deport. If the Trump administration successfully deports Khalil under the INA provision it is using, legal experts expect the government will continue to target immigrants over their speech.
“The Trump administration's message is clear that it will abuse the law in its racist targeting of immigrant Palestinians, Arabs, Muslims, and others,” said Laila Ayub, immigration attorney and director of Project ANAR, an Afghan community immigration justice organization.
Sophie Dalsimer, an immigration attorney and co-director of Health Justice at New York Lawyers for the Public Interest, added: “The arrest and detention of Mahmoud Khalil represents an extremely disturbing weaponizing of federal law enforcement to punish and silence free speech.”
But she warned that while it may be easier for the Trump administration “to target visa holders, and then [lawful permanent residents], … it is not likely to stop there.”
McKanders agreed. “The topline is that this appears to be a retaliatory deportation for exercising First Amendment rights,” she said.
“The impact expands broader than one case. It is the chilling effect this executive action will have on curtailing both citizen and noncitizens speech as both groups will be afraid that their actions, although protected under the First Amendment, will be criminalized.”
Send check pay to:
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National Immigrant Solidarity Network
P.O. Box 751
South Pasadena, CA 91031-0751
As Mass Incarceration of Immigrants Rises, Detention Centers Eye New Contracts
One attorney warns of a “humanitarian crisis” in
detention centers as a jail notorious for abuse
reopens to ICE.
Send check pay to:
NISN/AFGJ
National Immigrant Solidarity Network |
Action LA Network
China-US Solidarity Network | Panda Aid Project
Movimiento de La Peña del Bronx.
CUANDO EL MELINKA SALIO DE LA CARCEL EN NY,EE.UU.(DESDE LA CARCEL DE CAYUGA)2007.
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UN DIA SIN INMIGRANTES POR TODOS LOS EE.UU.1 de Mayo del 2025.
| Economía ...,
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Movimiento de La Peña del Bronx.
14 DE MARZO DE 2025
14 DE MARZO DE 2025
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Mundo :: 14/03/2025.

Investigando el 11-M en el extranjero: Francia y el caso del grupo AZF (4/6) x Cyrille Martin.

Cien detenidos y heridos graves en una movilización que sacudió al régimen de Milei x Tramas.

El lento suicidio de Occidente x Jorge Majfud.

Dios, patria y poder: El nacionalismo cristiano que busca conquistar EEUU x Antonella Marty.

Siete medidas en silencio contra Cuba x Rosa Miriam Elizalde.
El encanto de la tibia izquierda uruguaya x Comunican.
Mundo :: 14/03/2025.
Investigando el 11-M en el extranjero : Guinea Ecuatorial y su petroleo (3/6) x Cyrille Martin.

Color de piel y racismo en la clase alta mexicana x Gilberto López y Rivas.

Grecia: las manifestaciones masivas por la justicia y la verdad x Panagiotis Sotiris.
Las fuerzas del cielo contra Bahía Blanca x Guillermo Cieza.
Cierre de la XIV Asamblea Popular Nacional: La prioridad, el pueblo chino x Silvina Pachelo.
.....,Pensamiento :: 14/03/2025.
Imperialismo y “marxismo occidental”: un diálogo imprescindible X Gabriel Rockhill / John Bellamy Foster.

Sin fórmulas para remontar el declive X Claudio Katz - La Haine.

"Barbarroja" en el vórtice del internacionalismo cubano X Fernando M. Garcìa Bielsa.

....,Mundo :: 14/03/2025

El 8 de marzo no es el Día de la Mujer x Jorge Elbaum.
La estrategia de resurgimiento del imperialismo x Prabhat Patnaik.

Programa 2025 de la materia “De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana” x Néstor Kohan - Leandro Gómez - Christian Arias Barona.
Algunas notas sobre valores occidentales x Vladimir Castillo Soto.
Kollontai y Lenin: por un comunismo que libere a las mujeres xLiza Featherstone.

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El síndrome del sudaca arribista.
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Decenas de miles de personas salieron a las calles para reclamar medidas urgentes contra el encarecimiento de los alquileres. Convocada bajo el lema “Se acabó: bajemos los alquileres”, respondieron masivamente personas independientes, colectivos y movimientos sociales. La organización cifró en 400 mil personas la cantidad de asistentes a la marcha.
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