LA REBELDIA DE L@S INMIGRANT@S.ANTE LA DEBACLE Y CRISIS MUNDIAL,OTRO MUNDO ES POSIBLE CON UN PODER
13 DE MARZO DE 2025
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Estados Unidos. Arrestos de migrantes en EE.UU. aumentan por día con las políticas antimigrantes de Trump.....,

TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 29 de enero de 2025.
En la primera semana del nuevo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado más de 4.500 arrestos con findes de deportaciones posteriores, de acuerdo con cifras del diario The New York Post.
Tras la investidura del mandatario y el inicio de la nueva Administración, las detenciones de migrantes indocumentados en los EE.UU. han pasado de cientos en un día, a entre 1.200 y 1.500 en una jornada, y se han reportado redadas en ciudades importantes como Chicago, Los Ángeles, Boston, Nueva York y Denver y Texas, las cuales culminan con la deportación masiva de miles de inmigrantes de diversos países de Latinoamérica y el mundo.
Más de una docena de órdenes judiciales que afectan la política migratoria han sido firmadas por el magnate en los primeros días desde el inicio de su gestión. De acuerdo con testimonio del subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el mandatario exige a las autoridades migratorias al menos 1.800 arrestos diarios.
En total, 25 oficinas del ICE deben cumplir con esta cuota, precisó el funcionario en entrevista con CNN: «Las cifras mencionadas son un mínimo, no un máximo. Y lo que es más importante, son un mínimo. El objetivo es arrestar al menos a esa cantidad, pero con suerte a muchos más».
Cabe destacar que, para alcanzar estos números de arrestos, los cuales posteriormente se traducen en deportaciones masivas, una de las órdenes de Trump permite que los funcionarios de ICE deporten a migrantes ilegales sin que medie decisión judicial alguna, por lo que se trata de deportaciones casi automáticas después de las detenciones.
A ello se suma el anuncio del llamado «zar de la frontera», Tom Homan, quien declaró que las agencias a cargo de la detención y deportación de los inmigrantes ilegales no verificarán si estos han cometido delitos o no. Así como se une la eliminación de las protecciones a migrantes indocumentados que viven en el país en calidad de refugiados en iglesias, albergues, escuelas, etc.
En esa retórica criminalizadora se expresó también recientemente la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que todos los inmigrantes ilegales son considerados como criminales por parte del jefe de Estado: «Está centrado en lanzar la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales de la historia de Estados Unidos. Y si eres un individuo, un extranjero que entra ilegalmente en Estados Unidos de América, eres por definición, un criminal«, dijo.
No pocos senadores demócratas han expresado su preocupación con que las fronteras sean seguras, pero señalan que las órdenes ejecutivas de Trump no se dirigen solamente hacia los criminales. Entre estos se encuentra el senador demócrata Dick Durbin.

Los intentos de golpe de Estado y los golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que haya transformaciones sociales beneficiosas para nuestros pueblos.
La BBC tituló en junio pasado que Bolivia era «el país con más intentos de golpe de Estado» desde 1950 esto en el contexto de los hechos sucedidos el 26 de junio de este año en que un grupo de militares irrumpieron en la sede de gobierno, ubicada en la Plaza Murillo, con la intención de derrocar a Luis Arce y tomarse el poder.
La intentona golpista fue encabezada por el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga Macías, quien días antes había señalado que Evo Morales “no puede ser más presidente de este país” y que “llegado el caso no permitiría que pisotee la Constitución”. Así mismo dijo que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”. Durante la intentona dijo también que pretendía restaurar la democracia y que al ejército no le faltan cojones.
El intento de golpe de Estado fracasó como es conocido y los responsables están detenidos. La intentona golpista a diferencia del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, en esta ocasión los sublevados no contaron con el apoyo de todas las Fuerzas Armadas ni había un escenario favorable para sus expectativas.
Recordemos que el 2019, el Comandante del Ejército de entonces, Williams Kaliman, graduado de la Escuela de las Américas, le exigió la renuncia a Evo Morales en un contexto de violencia y desestabilización creado con acusaciones falsas de fraude electoral.
Lo cierto es que dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, se sigue evidenciando que hay militares adeptos al pasado y a la Doctrina de la Seguridad Nacional, inoculada por los Estados Unidos a las tropas de América Latina. Es muy posible que en el futuro veamos otros intentos de golpes de Estado si no se toman las medidas del caso y si no se fortalece y se cuida la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS).
En Venezuela, luego de las elecciones a la presidencia del 28 de julio pasado, el gobierno ha denunciado que está en proceso un intento de golpe de Estado por parte de la oposición que encabeza María Corina Machado quienes nuevamente no han reconocido los resultados electorales como ha sucedido una y otra vez en el pasado. Mientras se acusa que en Venezuela hay una dictadura, han participado de diversos procesos electorales anteriores. Por ejemplo, en el 2021 la oposición ganó 3 gobernaciones y 59 alcaldías en Venezuela y pueden operar legalmente los partidos de oposición como presentar sus candidatos en los diversos procesos electorales.
En Venezuela, como sabemos, no sería la primera vez que se intenta por la fuerza derrotar al gobierno bolivariano. El 11 de abril de 2002, asaltaron el poder pero fracasaron a los pocos días.
En la última década el sector más reaccionario de la oposición venezolana ha seguido sus intentos de derrocar al gobierno con protestas violentas, guarimbas, ingreso de mercenarios, atentados terroristas a la infraestructura estatal, y hasta con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la derecha venezolana no ha logrado ni derrotar al gobierno ni contar con el apoyo masivo de la población para alcanzar el poder.
Así mismo, las más de 900 sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, el estrangulamiento económico, la guerra híbrida sostenida en el tiempo contra este país, incluyendo el financiamiento de la oposición y de las acciones violentas, han sido un elemento considerable que han desarrollado con el fin de “crear un clima” necesario en Venezuela (como lo hicieron contra el gobierno de Salvador Allende en Chile en los setenta) para el estallido social el que, sin embargo, no les ha funcionado por la unidad, conciencia y politización en las Fuerzas Armadas y de un sector importante de la sociedad venezolana que sigue manteniendo y votando a favor de la continuidad de la revolución bolivariana.
Recordemos, para nuestra buena memoria, los intentos y golpes de Estado que se han producido en América Latina en las últimas décadas:
En Venezuela, el 12 de abril del 2002, la oposición, con apoyo de militares, consumó un golpe de estado sacando por la fuerza al Presidente Hugo Chávez. Entre los involucrados figuraban el general Efraín Vásquez y el general Ramírez Poveda, graduados de la Escuela de las Américas. Fue un intento de golpe de estado cívico-militar que duró aproximadamente 48 horas y fracasó.
En Haití, el 29 de febrero de 2004, el presidente electo de Haití, Jean-Bertrand Aristide, fue secuestrado por un comando de Fuerzas Especiales estadounidenses con el apoyo de Francia. Ante la opinión pública, se dijo que Aristide había renunciado voluntariamente.
En Honduras, el 28 de junio de 2009, fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya y enviado a Costa Rica. Entre los responsables del golpe figuraron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, y el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas. El golpe de estado fue cívico-militar, avalado por el Congreso de Honduras con una mayoría de derecha.
En Ecuador, el 30 de septiembre de 2010, se secuestró por algunas horas al presidente Rafael Correa en un intento de golpe de Estado. Si bien es cierto que el intento fracasó EEUU, la USAID, y sus otras agencias, siguieron realizando esfuerzos para generar desestabilización social contra el gobierno popular y revertir lo avanzado. Finalmente, lograron que se procesara judicialmente a Rafael Correa para que no volviera a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales futuras y que actualmente Ecuador sea uno de los países con mayor asistencia militar de los EEUU.
En Paraguay, el 22 de junio de 2012, el Senado realizó un juicio “exprés” al Presidente Fernando Lugo y lo destituyó del cargo bajo el argumento que era responsable de los enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguaty el que tuvo un saldo de diecisiete personas muertas. De acuerdo a investigaciones posteriores se conoció que quien dio la orden fue Paulino Rojas, comandante de la Policía Nacional de Paraguay, entrenado en el FBI, quien tenía fuertes vínculos con la USAID. Se creó un escenario, se aprovechó, y se destituyó sin poder defenderse a un presidente elegido democráticamente.
En Brasil, el 31 de Agosto 2016, luego de un “Impeachment”, el Senado de Brasil destituyó formalmente a la Presidenta Dilma Rousseff, por 61 votos contra 20, por supuestos “crímenes de responsabilidad”. Tres años antes, en septiembre de 2013, asumiría la embajada de EEUU en Brasil Liliana Ayalde quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado también realizó un “Impeachment” a Fernando Lugo que lo destituyó. La presidenta Dilma Rousseff dijo entonces: “En el pasado con las armas, y hoy con la retórica jurídica, nuevamente pretenden atentar contra la Democracia y contra el Estado de Derecho”.
En Bolivia, 10 Noviembre 2019, mediante la denuncia de un fraude electoral y la creación de un clima de violencia social (como hemos visto en Venezuela) se logró destituir al presidente Evo Morales. Estados Unidos reconoció de inmediato a Jeanine Áñez, una senadora de derecha, que asumió la presidencia.
En una declaración de entonces SOA Watch señaló que:
“Al menos 6 graduados de la Escuela de las Américas y/o del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (SOA/WHINSEC) jugaron un papel en el golpe de Estado en Bolivia. Partiendo por el graduado de SOA/WHINSEC, el general Kaliman, quien recibió entrenamiento, el 2003 y 2004, tomando el curso de “Comando y Estado Mayor” en Fort Benning, Estados Unidos”.
“El entrenamiento en SOA/WHINSEC de futuros jefes militares es precisamente para establecer una relación de Estados Unidos con oficiales militares de alto rango para alcanzar los objetivos de Estados Unidos, como dijo el Comandante de WHINSEC, recientemente, “las relaciones que construyeron aquí” y “les ayuda a hacer las cosas””.
En Haití, el 17 de julio de 2021, asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, entre los involucrados varios de los mercenarios son colombianos, ex militares, quienes habían recibido anteriormente entrenamiento en la Escuela de las Américas del ejército de los EEUU.
En Perú, el 7 de diciembre de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República y llamaría a elecciones parlamentarias. Sin embargo, fue destituido por “incapacidad moral” y acusado de golpe de Estado por el mismo Congreso que el mismo día tenía contemplado votar su salida. Muchos consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe de Estado ya que no lo dejaron gobernar e igualmente lo iban a destituir. Cabe recordar que el 2019 el presidente de entonces Martín Vizcarra tomó la misma medida, disolvió el Congreso peruano, sin que fuera acusado de golpista. A diferencia de Castillo, Viscarra era de la élite y contó con el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Actualmente, Castillo sigue prisionero y Dina Boluarte, quien lo reemplazó, sigue en el poder sin haber realizado elecciones presidenciales hasta el momento. Estados Unidos tiene una fuerte presencia militar en Perú.
En Brasil, 8 de enero de 2023, un grupo numeroso de manifestantes de derecha intentan tomarse el palacio de Planalto donde funcionan los tres poderes del Estado brasileño en apoyo a Jair Bolsonaro quien no reconoció su derrota en las elecciones. Si bien es cierto que durante los ataques Bolsonaro se encontraba en EEUU una investigación policial lo sitúa previamente en múltiples reuniones con asesores y militares para discutir la posibilidad de un golpe. Recordemos que bajo el gobierno de Bolsonaro aumentaron las relaciones militares con los EEUU las que se han mantenido hasta el presente lo que representa un peligro para la democracia brasileña.
El entrenamiento militar de EEUU a tropas de América Latina como el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entre otras, a ONG, partidos políticos, grupos de oposición, y la prensa hegemónica, constituyen instrumentos para que EEUU instale su agenda, pueda desestabilizar a gobiernos progresistas y llegado el caso pueda incluso apoyar e instigar golpes de Estado en América Latina.
Adicionalmente, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de los EEUU, que funciona en El Salvador, y donde se forman a policías, fiscales y jueces de América Latina constituye un instrumento para la guerra jurídica o lawfare para procesar, judicializar, y criminalizar a líderes sociales y presidentes progresistas de todo nuestro continente con el objetivo de sacarlos del camino y recuperar su status quo neoliberal.
Como hemos visto, los intentos y golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos los mismos de siempre: la oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares, y los Estados Unidos que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que hayan transformaciones sociales que beneficien a nuestros pueblos.
* Pablo Ruiz es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.Europa ::
https://petras.lahaine.org/
La Gran Cama y la insurrección popular (La revolución debajo de la cama)
x James Petras - La Haine.


https://cedema.org/
NINGUN SER HUMANO ES ILEGALMelinka.2025....,
Colecciones Biblioteca CeDeMA Investigación
https://redlatinasinfronteras
CUNCUMEN EN EL BRONX Y EN GIRA POR LOS EE.UU.
MARCO RUBIO: NEOFASCISMO Y REFORZAMIENTO DEL DOMINIO DE EEUU
Marco Rubio es un halcón del trumpismo NO GRATO en este país.
Su agenda silenciada es la promoción e imposición de la política neofascista de Trump y Elon Musk, con un fuerte componente racista, xenófobo; y el reforzamiento del dominio imperialista estadounidense sobre el país; comprometiendo a un gobierno servil con la peligrosa estrategia de dominación de un imperio en decadencia y descomposición.
Todo lo demás sobre drogas y tráficos diversos, es pura retórica encubridora.
En una sociedad bajo una fuerte influencia del racismo anti haitiano y con un gobierno que vive esgrimiendo un falso “peligro haitiano”, el anuncio de la Administración Trump del retiro de su “ayuda” a la misión intervencionista en Haití, es una forma de chantajear y desviar la atención respecto a la gravedad de su línea anexionista y neofascista, que es el peligro real.
No olvidemos que según Rubio las fronteras de EEUU se extienden mucho más allá de su territorio.
Por La Comisión de Seguimiento del Movimiento Caaamañista-MC: Narciso Isa Conde
Santo Domingo /RD 5-02-25
Organizaciones de izquierda dominicanas rechazan visita de Marco Rubio
Movement of La Peña del Bronx.As Mass Incarceration of Immigrants Rises, Detention Centers Eye New Contracts
One attorney warns of a “humanitarian crisis” in detention centers as a jail notorious for abuse reopens to ICE.

dvocates breathed a sigh of relief in March 2022 when Immigration and Customs Enforcement (ICE) announced it would stop holding federal immigration prisoners at the Etowah County Detention Center, an isolated Alabama jail known for being one of the worst places to end up in the ICE detention system.
For years activists inside and out documented harsh and harmful conditions at Etowah, and in an internal memo, ICE said the facility had long been a “serious concern due to the quantity, severity, diversity and persistence of deficiencies.”
“I spent four years detained at Etowah, a facility that operated with no regard for human dignity, safety, or the law,” said Karim Golding, a Black Muslim activist originally from Jamaica, in a statement. “The inhumane conditions weren’t just neglect — they were deliberate.”
Now, as the Trump administration begins to make good on threats to arrest, detain and deport millions of undocumented people, the sheriff in charge of Etowah has announced the county jail will once again be holding up to 60 immigrants at a time. Reopening Etowah to ICE is part of a larger push to rapidly make space for jailing people swept up in President Donald Trump’s mass deportation plan, reversing one win of the immigrant rights movement under the Biden administration after abuse scandals, civil rights complaints, COVID-19 outbreaks, and pressure from activists and Democratic lawmakers.
“To be clear, the plan to reopen this facility is not only a reckless waste of taxpayer dollars and local resources — it is also a direct attack on our immigrant neighbors, aiming only to fuel Trump’s mass expansion of immigration detention,” said Tania Wolf, the southeast advocacy manager at National Immigration Project, in a statement last week.
Shortly after taking office in January, Trump ordered the Department of Homeland Security (DHS) to expand infrastructure for detaining and incarcerating immigrants and recent arrivals seeking asylum while authorizing ICE to make arrests in place such as schools, churches, hospitals and courthouses. The number of immigrants arrested in the interior of the country has spiked as ICE works to meet aggressive quotas set by the White House, and the number of people sitting in ICE jails has increased by more than 4,000 since Trump took office.
As of February 27, more than 43,700 people in ICE custody were being held at local jails and privately run prisons across the country, the highest level since 2019. Many of these people were removed from communities where they live, not long lines at the border with Mexico, where the number of new arrivals has plunged. The existing jails and detention enters used to incarcerate immigrants are reportedly reaching capacity. The Detention Watch Network, an immigration justice group, warned in a statement this week that the ICE detention system is plagued by “a culture of violence that results in egregiously poor conditions and even death.”
“We are living in an absolute humanitarian crisis in ICE detention centers,” said Kate Blankenship, managing partner of the human rights group Sanctuary of the South, in an interview. “There is gross abuse happening every single day, there is mass overcrowding, and the opportunity for bond and parole are quickly disappearing.”
At least three detainees have died in ICE custody since Trump took office, including two at the Krome Service and Processing Center in southern Florida. Blankenship is working with the family of one of the men, a 44-year-old Ukrainian refugee named Maksym Chernyak who died suddenly last month.
Chernyak’s family said he entered ICE custody with no preexisting medical conditions. He was transferred to Krome from a local jail after being arrested in January during a domestic violence incident, although his wife says police misunderstood the situation due to language barriers. Blankenship said Chernyak requested medical help in February but didn’t receive adequate care despite registering high blood pressure. Other detainees called for help days later when Chernyak suffered a seizure in the shower.
“We called the officers, and they didn’t want to come until we told him that he was dead,” said Greg Welch, a witness who is also in ICE custody and represented by Blankenship, in an interview to a local NBC affiliate. “He passed out. We tried to call medical. They didn’t want to come because they didn’t have no staff until hours later, until he was mostly unresponsive.”
In a statement, ICE said Chernyak was taken to the hospital on February 18, where a brain scan revealed severe bleeding, and staff began “brain death protocol” on February 19 after attempts at stabilization failed. In the statement, ICE also said it is committed to ensuring “safe, secure, and humane environments” to people in its custody and providing “comprehensive medical care is provided from the moment individuals arrive and throughout the entirety of their stay.”
Blankenship said the death of Chernyak and two other men since October 2024 at the Krome detention center is part of a much larger and well-documented pattern of medical neglect at immigration jails that will only intensify as more people are arrested and detained under Trump. A 2024 review by Physicians for Human Rights of 52 previous deaths in ICE custody over a five-year period found that nearly all were preventable.
“People hear ‘overcrowding’ they don’t necessarily understand the depth, that it is quite literally killing people,” Blankenship said.
One a recent visit to the Krome detention center, Blankenship said she saw men sleeping on bare floors in waiting rooms. Detainees pounded on windows and pleaded for help as she passed by in the hallway. Others reported being forced to sleep on buses in a parking lot without access to a shower for days, Blankenship said.
“Krome is a crisis that is happening everywhere,” Blankenship said.
That crisis is set to grow as detention expansion continues. Last week, ICE signed a $1 billion, 15-year contract with the private prison company GEO Group to reopen an empty jailhouse in Newark to incarcerate up to 1,000 immigration prisoners at a time, the first large detention expansion under Trump’s crackdown.
GEO Group pushed hard for the contract and sued New Jersey in 2024 to successfully overturn a state law originally supported by racial justice activists that banned private companies from contracting with ICE to house immigrants. Now, GEO Group reportedly has plans to increase the facility’s capacity to incarcerate people and potentially generate an additional $500 to $600 million in annual profit. The company has faced multiple lawsuits after immigrants were subjected to what attorneys describe as underpaid and forced labor. Most recently, a federal court upheld a ruling requiring GEO Group to pay $23 million in damages after the company paid ICE detainees $1 a day for labor at a detention center in Tacoma, Washington.
GEO Group is the largest immigration jail contractor for ICE, and private companies run a majority of immigration detention facilities across the country. A similar growth of immigration detention occurred during the first Trump administration, when 28 of 40 new contracts for detention space did not include required documentation from ICE field offices demonstrating the need for such an expansion, putting taxpayers on the hook for millions of dollars a month in unused jail space.
Others sites for incarcerating immigrants are run by local sheriffs who open their jails to ICE detainees — often in far-flung rural areas far from immigrant communities and legal support — in exchange for daily payments from ICE for each individual in custody. The Etowah County jail in Alabama is a good example.
Golding, the activist who spent time at the Etowah County jail, said he was not excited when ICE ended its contract with the facility in 2022 because U.S. citizens still had to endure the miserable conditions at the geographically isolated jail. In a statement echoing other previous ICE detainees, Golding said the inhumane conditions were not an accident and were instead implemented deliberately.
“This place consistently violated the Prison Rape Elimination Act, with security and safety nearly nonexistent,” Golding said. “This was a place where quarantine protocols meant nothing during the pandemic. Officers were forced to work without protective gear. People got sick, and Etowah didn’t care.”
Golding said he contracted COVID-19 and became a “long-hauler” suffering from chronic symptoms while awaiting release from Etowah. He also joined the movement to shut the facility down, both for immigrants and economically impoverished locals who cycle through the jail, which is known for keeping people locked up as long as possible.
“We
fought to shut this place down because we knew the truth — detention
isn’t about safety or justice; it’s about cruelty, control and profit,”
Golding said. “They locked people away, denied them medical care,
ignored their suffering and allowed the worst kinds of violence to
happen under their watch.”--
Send check pay to:
NISN/AFGJ
On March 8, DHS agents abducted Mahmoud Khalil, a U.S. permanent resident and student activist for Palestinian rights, from his New York apartment. Mahmoud was targeted for his political speech and activism in support of Palestinian freedom and for an end to the Israeli genocide of Palestinians in Gaza.
Mahmoud is currently being held in an ICE facility, reportedly already moved out of New York, and could face imminent deportation. His wife, a U.S. citizen, is eight months pregnant.
These are the actions of a fascist government, and we must fiercely resist and speak out, and generate overwhelming public outrage and pressure to ensure Mahmoud's release and to demand that elected officials and universities start protecting students from the reach of the Trump regime.
Email your elected officials right now and demand that they do everything in their power to secure Mahmoud's release and protect student activists and immigrants.
https://www.jewishvoiceforpeace.org/resource/email-congress-demand-the-release-of-student-activist-mahmoud-khalil/?sourceid=1003668&emci=f3c813fe-cdfd-ef11-90cd-0022482a9fb7&emdi=cb18cc78-d9fd-ef11-90cd-0022482a9fb7&ceid=436958There is also a letter demanding his release, now signed by over two million people. Click here:
Send check pay to:
NISN/AFGJ
National Immigrant Solidarity Network
P.O. Box 751
South Pasadena, CA 91031-0751
National Immigrant Solidarity Network |
Action LA Network
China-US Solidarity Network | Panda Aid Project
https://www.immigrantsolidarity.org/Newsreports/Summer24News07.html
VIDEO: https://youtu.be/3gEgcYY1iqY
Global South News Agency
https://www.GlobalSouthNews.org
An activist-based international community news agency
Movimiento de La Peña del Bronx.
CUANDO EL MELINKA SALIO DE LA CARCEL EN NY,EE.UU.(DESDE LA CARCEL DE CAYUGA)2007.
https://www.archivochile.com
UN DIA SIN INMIGRANTES POR TODOS LOS EE.UU.1 de Mayo del 2025.
| Economía ...,
https://www.archivochile.com
Movimiento de La Peña del Bronx.
12 DE MARZO DE 2025
12 DE MARZO DE 2025
https://www.lahaine.org/
Mundo :: 12/03/2025.

Investigando el 11-M en el extranjero : Guinea Ecuatorial y su petroleo (2/6) X Cyrille Martin.

Imperialismo y “marxismo occidental”: un diálogo imprescindible X Gabriel Rockhill / John Bellamy Foster.

Sin fórmulas para remontar el declive X Claudio Katz - La Haine.

"Barbarroja" en el vórtice del internacionalismo cubano X Fernando M. Garcìa Bielsa.

La guerra entre Rusia y Ucrania: tres años después X Michael Roberts.

Perú: Pedro Castillo se enfrenta a una pantomima de juicio X Eugenio R. Zaffaroni y Guido L. Croxatto.
"Cada saharaui lleva el ansia de libertad e independencia en sus entrañas" X Diana Cordero.
....,Mundo :: 12/03/2025
El 8 de marzo no es el Día de la Mujer x Jorge Elbaum.

La estrategia de resurgimiento del imperialismo x Prabhat Patnaik.

Programa 2025 de la materia “De la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana” x Néstor Kohan - Leandro Gómez - Christian Arias Barona.
Algunas notas sobre valores occidentales x Vladimir Castillo Soto.
Kollontai y Lenin: por un comunismo que libere a las mujeres xLiza Featherstone.

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El síndrome del sudaca arribista.
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(Vídeo e imágenes) Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid: “Se acabó: bajemos los alquileres”
Decenas de miles de personas salieron a las calles para reclamar medidas urgentes contra el encarecimiento de los alquileres. Convocada bajo el lema “Se acabó: bajemos los alquileres”, respondieron masivamente personas independientes, colectivos y movimientos sociales. La organización cifró en 400 mil personas la cantidad de asistentes a la marcha.
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