LA REBELDIA DE L@S INMIGRANT@S.NEW YORK-BRONX.
24 DE JUNIO DE 2024.
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Nuestramérica. Programa radial de Resumen Latinoamericano: Argentina, Colombia y Guatemala.
Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2024
ARGENTINA. Represión en Congreso en la marcha contra la ley Bases: presentaron las apelaciones para liberar a las 16 personas que permanecen detenidas. Hablan familiares. Marcha exigiendo su liberación/ COLOMBIA: Padre de vicepresidenta Francia Márquez sale ileso de atentado, consecuencias/GUATEMALA: libertad a César Montes, fundador de la guerrilla guatemalteca, revolucionario internacionalista, que sigue preso después de una causa sin pruebas en clara venganza de los grupos oligárquicos y militares. Entrevista desde la cárcel.
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24 DE JUNIO DE 2024.
Migrantes.
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Vivimos en un presente donde la palabra parece estar bastante devaluada. Algunos tienen muy claro que, en la comunicación y en el lenguaje, la omisión puede influir en nuestra percepción y comprensión de la realidad. “Lo que no se nombra, no existe.” Entonces, se oculta por desprecio. Se niega por odio. Pero también, se prohíbe por miedo.
Desde la asunción de Javier Milei al gobierno nacional y la designación de Cristian Larsen como Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), se observa un ascenso en las políticas de negación y persecución a las comunidades indígenas que habitan estas áreas naturales.
El nuevo capítulo lo protagonizó Iael Gueler, flamante Directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la APN. Esta semana se viralizaron capturas de pantalla en las que Gueler prohibía, a todos los responsables de las áreas de comunicación, hacer referencia a las celebraciones del Wiñoy Xipantv e Inti Raymi.
“Teniendo en cuenta que del 21 al 24 de junio es el año nuevo mapuche, se decidió institucionalmente instruir a los equipos de comunicación de cada parque que no se realice ninguna comunicación al respecto. Esto incluye tanto prensa como eventos y redes sociales”, ordenaba uno de los mensajes de Gueler.
Ambas ceremonias se realizan durante el solsticio de invierno y representan la llegada de un nuevo ciclo de vida. Los pueblos andinos celebran el “Inty Raymi” y el “Machaq Mara” a partir del amanecer del 21 de junio que marcará el comienzo del año 5.532, mientras que el pueblo Mapuche celebra el “Wiñoy Xipantu” en todo el Wallmapu (territorio mapuche a ambos lados de la Cordillera).
La decisión generó repudio de diversos sectores
La Confederación Mapuche de Neuquén respondió mediante un comunicado público: “El Presidente Milei ordena esto mientras se envuelve al punto de enredarse en la bandera del Estado de Israel, bañada de sangre del pueblo Palestino que sufre una de las matanzas más feroces y que es condenada por el mundo entero.”
Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro señaló en su red x: “El racismo y fascismo de este gobierno violento y antidemocrático es evidente, pero lamentablemente no se puede tapar el sol con las manos. No esperamos que los racistas nos saluden en este Wünoy Xipantu”
“Se plantea por un lado desconocer y hacer desaparecer de la trayectoria institucional de los Parques Nacionales el vínculo construido durante décadas con los pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio, e invisibilizar las prácticas y cosmovisiones indígenas protegidas por la Constitución Nacional y los compromisos asumidos en tratados internacionales”, señalaron las y los trabajadores de Parques Nacionales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales apuntaron: “Parques Nacionales prohibió a sus equipos publicar mensajes sobre las festividades Wiñoy Xipantv, del pueblo mapuche, e Inti Raymi, de los pueblos andinos, lo que hasta ahora era una costumbre. El racismo institucional se expresa en este tipo de decisiones. El Gobierno lo sabe.”
También, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) destacó: “Estamos en la era del negacionismo y la discriminación, Así que estas instrucciones se condicen con esta política.” En este sentido destacaron que estas circunstancias se producen por “el desconocimiento intencionado del derecho a la identidad cultural dispuesto en el Art. 75 inc.17 de la Constitución Nacional, como así también a la obligación del Estado de actuar no discriminatorio, estipulado en el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (art. 1. 1 CADH)”
El que nomina, domina
El 3 mayo pasado en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la entrega de terrenos nacionales a “presuntas comunidades indígenas”. En esta línea, resaltó: “En los Parques Nacionales no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”. Tres días después, el diputado nacional Damián Arabia, presentó un proyecto de Ley para que la única bandera que flamee en Parques Nacionales sea la nacional Argentina.
También, el vocero anunció a principios de junio, que el Lago Acigami, ubicado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, sería nuevamente bautizado con el nombre de “Lago Roca”, en honor a Julio A. Roca. Este militar y ex presidente, es reconocido por la llamada “Conquista del desierto”, en la que se exterminó a miles de integrantes de los pueblos mapuche, pampa, ranquel y tehuelche a fines del siglo XIX.
“Esta decisión que tomamos desde la Administración de Parques Nacionales, en conjunto con Casa Rosada, demuestra la firme decisión de volver a poner a nuestros próceres en el lugar que se merecen”, anunció Cristian Larsen, presidente de APN.
Esta acción no sólo es un desconocimiento al nombre que optaron los pueblos originarios para ese espejo de agua. Además, incumple la Ley Provincial N°180, sancionada en 1994, que establece la creación de una Comisión Toponímica de Tierra del Fuego, con el objetivo de restituir los nombres con los que pobladores originarios llamaban a diversos lugares de la zona.
Otra de las arremetidas contra las comunidades indígenas en Parques Nacionales es la causa que involucra el incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Hasta ahora, plagada de acusaciones mediáticas contra un integrante de Lof Pailako, pero aún seguimos sin encontrar documentos que demuestren acusaciones formales.
Estos hechos, son solo una parte del rumbo de la gestión presidencial de Javier Milei, avalada por gobernadores, intendentes y legisladores de distintos colores partidarios. Claramente van en contra de los derechos de los pueblos indígenas, de su identidad y su existencia para beneficiar intereses multinacionales y extractivistas.
Foto: Roxana Sposaro
Fuente: Infoterritorial
Columna de Amy Goodman.
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Publicado 22/6/2024
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Baje el audio
Este audio se publica los viernes después de las 2:00 p. m. (ET). Si el link del audio no funciona, visita nuestra web. |
Amy Goodman y Denis Moynihan Dos días festivos nacionales muy cercanos en el calendario permiten
visibilizar el recorrido sinuoso de la historia estadounidense. El
feriado del 4 de Julio conmemora el nacimiento de la nación
estadounidense, mientras que la celebración conocida como “Juneteenth”, o
Día de la Liberación, conmemora la liberación del último grupo de
personas esclavizadas en Estados Unidos, al final de una devastadora
guerra civil. |
© 2021 Amy Goodman
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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Traducción al español de la columna original en inglés. Edición Democracy Now! en español. |
Por favor escríbanos a spanish@democracynow.org para avisarnos donde se publica y también si hay estaciones de radio que quieran emitir el audio. |
Argentina. Quiénes son las seis mujeres que fueron detenidas tras la represión en el Congreso.
Por Agustina Ramos, Maby Sosa, Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2024.
Camila Juárez, Sasha Lyardet, Ramona Tolaba, María de la Paz Cerutti y Lucía Belén fueron liberadas en la noche del martes. Daniela Calarco continúa detenida en el penal de Ezeiza.
La feroz represión del miércoles 12 de junio en las inmediaciones del Congreso de la Nación terminó con 33 detenidxs. Diecisiete de ellxs fueron liberadxs el viernes sin un criterio conocido. De las 16 personas detenidas, diez hombres estaban en la cárcel de Marcos y las mujeres, seis, en Ezeiza.
Tras la manifestación convocada a Plaza de Mayo el martes por la tarde, y al cierre de esta nota, la jueza María Servini liberó a 11 de los 16 detenidxs por falta de pruebas. Las cinco personas que quedan detenidas son Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
Organismos de Derechos Humanos y referentes del arco político denunciaron el ataque al derecho a la protesta ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la represión inusitada de las fuerzas de seguridad durante la movilización contra la Ley de Bases.
El viernes pasado se formuló la demanda en una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj). Allí, lxs oradorxs coincidieron en reclamar de forma urgente “la inmediata liberación” de lxs detenidxs y en que las acusaciones son “arbitrarias y sin pruebas”. Durante el fin de semana, el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, había apelado la liberación de los primeros 14 detenidxs.
Sobre les manifestantes pesan acusaciones de delitos “contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos” e “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, entre otros.
Las mujeres
Camila, Sasha, Ramona, María de la Paz, Daniela y Lucía Belén son las seis mujeres que fueron detenidas y enviadas al Penal de Ezeiza. El pedido por su liberación fue acompañado por la organización Ni Una Menos desde el momento de la detención.
El fin de semana, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, visitó la cárcel de Ezeiza junto al Comité Nacional contra la Tortura. Actualmente, las seis mujeres se encuentran en un pabellón de pre ingreso. Sus familiares y organizaciones piden en principio su libertad y que permanezcan juntas frente a la “amenaza de ser separadas” por parte del Servicio Penitenciario.
Presentes conversó con personas allegadas a las seis mujeres para conocer sus historias.
Paz Cerutti
María de la Paz Cerutti tiene 43 años. Fue detenida en Moreno e Irigoyen, a 13 cuadras del Congreso de la Nación. Es profesora contable y trabaja desde hace 15 años en el Ministerio de Economía. En los últimos meses había estado de licencia por salud mental y ese día se reincorporó.
Paz pasó por la manifestación contra la Ley Bases. Allí estaba un compañero de trabajo y quería avisarle que su licencia había terminado. “Venía de un trámite personal y pasó a manifestarse como todxs contra esta ley que vende la patria”, cuenta a Agencia Presentes Eva Rojas, una de las hermanas de María de la Paz. Lejos del Congreso y cuando la policía la vio cruzar la calle, le pidió que se identificara y ella gritó su nombre. Allí avanzaron contra ella y la detuvieron.
“Para nosotros es un horror. Tenemos cinco detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, en lo particular yo fui secuestrada en marzo del 76. Nuestra vida está atravesada por la dictadura, por eso nos preocupa la salud mental de mi hermana”, dice Eva. “A mí me avisó un compañero de la Comisión de Prevención contra la Tortura que estaba hablando con mi hermana detenida. Al rato apareció este video y ahí nos dimos cuenta de que esto iba a ser una pesadilla”, agrega.
María de la Paz es nieta de Sara Derotier de Cobacho, referenta de Madres de Plaza de Mayo y exsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante el mandato del actual mileísta, Daniel Scioli. No fue la única detenida en esa esquina. “Fueron detenciones al voleo agarraron a los más perejiles, uno vendía empanadas, una escondida, y mi hermana pasaba por ahí”, dice Eva que milita en el Corriente Peronista por los Derechos Humanos. “Yo estoy en una organización, pero María de la Paz no, ella no militaba”, aclara.
María de la Paz estuvo, junto a otras mujeres, más de 20 horas esposada y tirada en un pasillo. Cuenta Eva que el comisario les decía que estaban de picnic. “No sabemos en qué condiciones están. Las están amenazando, es muy grave”.
Su hermana, describe a María de la Paz como una persona muy inteligente, sensible y muy religiosa. La mujer es la menor de cuatro hermanos, tres mujeres y un varón. La preocupación de ellos es la salud mental y física de Paz. “No somos una familia a la que no nos haya pasado nada. Venimos flojitos emocionalmente, yo creo que esto le va a hacer muy mal a ella”, dice Eva. Paz no estuvo entre las personas liberadas el viernes. La acusan de haber pateado a un efectivo de la policía.
Ramona Tolaba
Como en cada convocatoria, Ramona Tolaba de 54 años, trabajadora de casas particulares, se acercó a la manifestación para sumarse a los reclamos contra la Ley Bases.
Cuenta Paola Costas, una de sus hijas, que la mujer suele ir sola a las marchas y que no pertenece a ninguna organización ni partido político. Llegó a la zona un poco más de las 14, y mientras caminaba, comía una porción de pizza y le iba relatando a su hija cómo estaban las cosas en la calle. “Cada una hora te voy a escribir, te aviso cómo y dónde estoy”, le dijo a su hija. En un momento, dejó de comunicarse y Paola esperó hasta las 19.30 y empezó a llamarla, preocupada. Luego se enteró que su mamá había sido detenida a las 18.20 en Avenida de Mayo y Santiago del Estero.
“Ella nunca se acercaba a los lugares donde estaba complicado. Me contó después que vio que estaban desconcentrando y se detuvo a hablar con un jubilado. En eso aparecieron motos y tiraron balas de goma. Ella corrió por Santiago Del Estero. Allí se protegió de las balas detrás de un auto y ahí fue cuando la detuvieron. También estaba Lucía Belén, en ese momento no se conocían”, cuenta Paola.
A Ramona Tolaba la acusan de sedición, de resistirse y de tirar proyectiles. “Ella sería incapaz. Estaba ahí defendiendo que no se privaticen las empresas, no le gustaba la Ley Bases, pero no es violenta”, dice Paola, quien define a su mamá como hiperactiva e independiente.
Recién a las 22 del miércoles Paola tuvo noticias de su mamá. La llamó a esa hora y le dijo que estaban en la comisaría 4 de Parque Patricios. Paola fue hasta allí, desde 3 de Febrero, dónde vive, pero ya la habían llevado a la comisaría 15 de Chacarita. Después se enteró que recién al otro día bajaron a las detenidas de la camioneta de la policía.
Recién el domingo pudo verla y hablar con ella, quien ahora está detenida en Ezeiza. No les permitieron acercar los lentes y a Paola le preocupa que intenten hacerla firmar papeles que Ramona no logra leer por las letras chiquitas.
“Sus jefes la aman”, dice Paola de su mamá. “Ella es amorosa, es respetuosa, es muy hiperactiva, independiente, amante de la naturaleza, de los animales. Le encanta viajar, su sueño era vivir en Ushuaia, ahora tengo miedo que no pueda cumplirlo”, dice emocionada. Y agrega. “Son presas políticas, este gobierno quiere asustar a la gente para que salga a las marchas a defender sus derechos, es un escarmiento”.
La familia de Ramona pide que si alguien tiene algún registro fotográfico o audiovisual los envíe al mail: libertadporramona@hotmail.com
Lucía Belén
Lucía Belén no soportaba ver las imágenes de la policía golpeando a los jubiladxs que el miércoles 12 de junio se estaban manifestando en los alrededores del Congreso de la Nación. Decidió ir hasta el lugar sola y llegó alrededor de las 17. Para sentirse más segura, le compartió la ubicación a su mejor amiga, Aylén. También le enviaba videos mostrándole cómo estaba la situación. Alrededor de las 18.30 logró avisarle que la acababan de detener.
Al igual que Ramona Tolaba, Lucía Belén ante las balas de goma y los gases, corrió por Santiago Del Estero para protegerse. Allí se escondió detrás de un auto, también estaba Ramona. A ambas las detuvieron ilegítimamente.
Lucía Belén tiene 26 años, es bibliotecaria y estudia Letras en la Universidad Nacional de Hurlingham. Apenas supo de su detención, Aylén salió a buscarla. Logró verla varias horas después en Chacarita. “Me contó que estaba caminando por Avenida de Mayo y que la policía motorizada empezó a disparar balas de goma al aire. Ella empieza a correr y ella se esconde detrás de un auto junto con Ramona. Ahí le detienen la policía de la Ciudad. Me contó que le pegaron una trompada en la cara, la tiraron al suelo y le pusieron 7 precintos. En ningún momento le dijeron por qué le estaban haciendo eso. Estuvieron dos horas en el piso junto a otras cuatro personas”.
Aylén llegó inmediatamente e intentó hablar con la policía, pero los efectivos comenzaron a empujarla a ella y a su novio. El teléfono de Lucía Belén compartió durante 12 horas su ubicación por lo que su amiga pudo ver el recorrido que hizo la policía con lxs detenidxs. Luego de esos traslados recién pudo ver a su amiga en Chacarita. “Me contó Lu que las quisieron obligar a firmar un papel que decía que ellas habían prendido fuego. Ellas se negaron a firmar porque no habían hecho nada de esas cosas. Los policías les decían que seguían demoradas porque no querían firmar ese papel”.
A Lucía también la acusan de patear a un policía. No hay videos ni prueba alguna que pudiera dar cuenta de eso. Su amiga afirma. “En varios medios se ve el momento en que la detienen, la tienen en el piso entre tres policías. Lucía es de contextura física pequeña, es imposible que haya golpeado ella a los policías”, agrega Aylen. Ella junto al padre de Lucía son quienes están acompañando los pedidos por su liberación.
Cuando habla de Lucía, la describe como una persona solidaria y multifacética. “Estudiaba Letras, pero estudió bibliotecología, astrología, y quería inscribirse para estudiar Antropología en la UBA. Siempre quiere aprender cosas nuevas. Es muy curiosa y ama los animales. Sé que debe estar extrañando un montón a sus mascotas. Es una persona que defiende los derechos de todo el mundo, no sólo los de ella”, cuenta.
Patricia Daniela Calarco Arredondo
El miércoles pasado, Patricia Daniela Calarco Arredondo se encontraba junto a su pareja y compañeres de militancia en la columna del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos Luchar por el Cambio Social, cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir. Luego de atravesar un embudo en la Avenida de Mayo logró doblar en 9 de julio, mientras a sus costados personal policial avanzaba en motos disparando balas de goma y gas pimienta.
«Nos atropellábamos entre nosotros porque no podíamos ver», contó a Presentes María Emilia «Coca» Manazza, pareja de Daniela. «Estábamos a unas 13 cuadras ya del Congreso cuando la agarró de atrás un policía de civil, con toda la brutalidad e impunidad que tienen. Traté de forcejear para sacarla, pero no se podía».
Daniela tiene 39 años, es del barrio Hipódromo de Mar del Plata y desde el 2021 vive junto a Emilia en Lomas de Zamora. Es una defensora de la lucha ambiental, militancia que forjó en su ciudad natal contra las fumigaciones. Quiso estudiar Psicología, pero la necesidad de dedicar mucho tiempo al trabajo no le permitió finalizar la carrera. Tuvo varios empleos a la vez en el rubro de la gastronomía hasta que comenzó a trabajar en el 2019 en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En marzo de este año, tanto ella como otres trabajadores de esa cartera fueron despedides.
El miércoles estuvo entre les 22 detenides de la Policía de la Ciudad que pasaron por la alcaidía de Parque Patricios y a la medianoche del miércoles fue trasladada a la comisaría de Chacarita. El sábado a la madrugada la llevaron a la cárcel de Ezeiza.
Emilia, su compañera de vida, aún no pudo entrar a visitarla. Sin embargo pudo hablar con ella: «Está teniendo una gran entereza en la cárcel. Como parte de la formación y conciencia que tiene la lucha, sabía que estas son las consecuencias a las que nos enfrentamos, más con gobiernos que tienen la represión tan librada a hacer lo que quieren».
Sasha Lyardet
Sasha Lyardet es estudiante de la licenciatura en Estudios de la Comunicación en la UNSAM y este miércoles cumplirá sus 25 años detenida en el Penal de Ezeiza. «Queremos que pueda celebrarlo en libertad», expresó su pareja, Nahuel Schiavoni, a Presentes.
Cuando Nahuel pudo hablar con Sasha, la joven le pidió que no le lleve libros, sino los apuntes de su carrera para seguir estudiando. «Le apasiona mucho», comentó Schiavoni. Ambos se conocieron en el 2018 militando juntes en el partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y desde hace unos años son pareja. El día en que recibió la noticia de la detención estaba trabajando de guardia en una farmacia. «Entré en shock por un segundo y me tuve que poner a mover rápido, no me pude dar el lujo de estar en shock», recordó.
Sasha estaba en la columna de la Asamblea de San Martín cerca de la intersección de las calles México y Lima, cuando motos de la Policía de la Ciudad aparecieron «a toda velocidad» y subieron a la vereda. En las corridas, su amiga, Camila Oliva, tropezó y se detuvo a asistirla. «Tirate al piso, si corrés te disparo y te arrastro de los pelos», le dijeron los agentes policiales a Sasha, según compartió su hermana Grisel en redes sociales y también compañeros que vieron el momento de la detención.
La joven, fanática de Babasónicos y El Kuelgue, trabaja como asesora legislativa en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Es oriunda de la localidad bonaerense de Pilar y actualmente vive en San Martín. «Tiene un laburo territorial muy grande. Organiza en el centro de estudiantes de la UNSAM y la Asamblea de San Martín ollas populares, va a alfabetizar, trabaja con barrios populares», compartió Nahuel.
«Está bien, está fuerte. Intenta transmitir fuerza al resto de las detenidas. Yo que la conozco veo que tampoco está super bien, está presa… Pero intenta mantenerse fuerte», dijo su pareja, luego de haberla visitado.
Camila Belén Juárez Oliva
Camila Belén Juárez Oliva es la amiga de Sasha que en las corridas del miércoles pasado tropezó con un cantero en la vereda. Tiene 33 años y es madre de dos niños de 8 y 11 años. Estudia Sociología en la UNSAM y lleva adelante un emprendimiento gastronómico junto a su pareja, Nestor.
El domingo pasado, su madre Silvia Oliva pudo visitarla junto al hermano de Camila y su pareja. Estuvo desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche en la puerta del penal, mientras personas autoconvocadas se acercaban a traerle una gaseosa o un chocolate para «endulzarme el alma», dice ella. También había decenas de amigas de Camila.
«No sabían que tenía tanta gente que me quería, ¿no?», dijo Camila a sus familiares cuando le contaron quiénes se habían acercado a acompañar.
Al igual que los otros dos compañeros con los que fue detenida (Sasha y Nicolás), Camila organiza ollas comunitarias para el barrio. Le encanta el rock nacional, especialmente Charly García, La Renga y Los Piojos, banda a la cual le seguía muy de cerca los pasos para ver si se volvían a reunir. Es fanática del club Chacarita, el mismo del que era su padre, quien falleció durante la pandemia: un gesto para sentirlo más cerca.
Ante el discurso que promueve la idea de que les detenides formaban parte de una organización terrorista, su madre, Silvia, comentó, en diálogo con Presentes: «Camila es la terrorista que arma ollas populares para llegar con un plato de comida a aquellos que no tienen de comer. La terrorista por la que su grupo scout de la adolescencia acaba de sacar un comunicado de apoyo incondicional. Camila es mamá, una persona obsesionada con tener su carrera de Sociología y poner su título a disposición para ayudar a quienes lo necesitan».
Hace unos días, su compañero de vida, Nestor, le escribió una carta que se volvió viral. «Me gustaría llevarte a vos y a los otros y otras que están con vos, el remedio que encontré acá afuera contra ese odio que nos quieren inocular y contra el virus de la desesperanza, que son las voces… de los demás. Voces solidarias que desde un primer momento estuvieron reclamando en la calle, difundiendo la locura, protegiendo la vida humana y ¡la democracia!, abrazándonos sin conocernos, mirándonos a los ojos con compasión, regalándonos su apoyo y su fuerza».
FUENTE: Agencia Presentes
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América Latina y la guerra por venir X Pablo Gandolfo.
El portaaviones que ha navegado el mar argentino y chileno, y que las burguesías dependientes saludan con entusiasmo, es un arma apuntada a la cabeza de China. Pero también a la nuestra.....,Otros medios alternativos
Chile Patriarcal: Aumenta el reporte de violencia contra las mujeres....,
24 DE JUNIO DE 2024.
PEOPLE POWER.
https://larebeldiadelinmigrante.blogspot.com
Date: Wed, Jun 19, 2024 at 6:42 PM
Subject: June 19, 2024
To: <pueblosenmovimientonorte@gmail.com>
Today is the federal holiday honoring Juneteenth, the celebration of the announcement in Texas on June 19th, 1865, that enslaved Americans were free. That announcement came as late as it did because, while General Robert E. Lee surrendered his Army of Northern Virginia to General Ulysses S. Grant of the U.S. Army on April 9, 1865, it was not until June 2 that General Edmund Kirby Smith surrendered the Trans-Mississippi Department, the last major army of the Confederacy, to the United States, in Galveston, Texas. Smith then fled to Mexico. Seventeen days later, Major General Gordon Granger of the U.S. Army arrived to take charge of the soldiers stationed in Texas. On that day, June 19, he issued General Order Number 3. It read: “The people of Texas are informed that, in accordance with a proclamation from the Executive of the United States, all slaves are free. This involves an absolute equality of personal rights and rights of property between former masters and slaves, and the connection heretofore existing between them becomes that between employer and hired labor.” Granger’s order was not based on the Thirteenth Amendment to the Constitution, which abolished enslavement except as punishment for a crime. Although Congress had passed that amendment on January 31, 1865, and Lincoln had signed it on February 1, the states were still in the process of ratifying it. Instead, Granger’s order referred to the Emancipation Proclamation of January 1, 1863, which declared that Americans enslaved in states that were in rebellion against the United States “shall be then, thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons.” Granger was informing the people of Galveston that, Texas having been in rebellion on January 1, 1863, their world had changed. The federal government would see to it that, going forward, white people and Black people would be equal. Black people in Galveston met the news Order No. 3 brought with celebrations in the streets, but emancipation was not a gift from white Americans. Black Americans had fought for the United States and worked in the fields to grow cotton the government could sell. Those unable to leave their homes had hidden U.S. soldiers, while those who could leave indicated their support for the Confederacy and enslavement with their feet. They had demonstrated their equality and their importance to the United States. The next year, after the Thirteenth Amendment had been added to the Constitution, Texas freedpeople gathered on June 19, 1866, to celebrate the coming of their freedom with prayers, speeches, food, and socializing. By the following year, the federal government encouraged “Juneteenth” celebrations, eager to explain to Black citizens the voting rights that had been put in place by the Military Reconstruction Act in early March 1867, and the tradition of Juneteenth began to spread to Black communities across the nation. But white former Confederates in Texas were demoralized and angered by the changes in their circumstances. “It looked like everything worth living for was gone,” Texas cattleman Charles Goodnight later recalled. In summer 1865, as white legislators in the states of the former Confederacy grudgingly ratified the Thirteenth Amendment, they also passed laws to keep freedpeople subservient to their white neighbors. These laws, known as the Black Codes, varied by state, but they generally bound Black Americans to yearlong contracts working in fields owned by white men; prohibited Black people from meeting in groups, owning guns or property, or testifying in court; outlawed interracial marriage; and permitted white men to buy out the jail terms of Black people convicted of a wide swath of petty crimes, and then to force those former prisoners into labor to pay off their debt. At the same time, those determined to preserve their power began to rewrite the history of the Civil War. The war had irrevocably undermined the institution of enslavement in the American South, moving it far beyond the ability of white southerners to reinstate it (although some historians argue that without the Thirteenth Amendment enslavement might have moved into the western mines). So white supremacists began to claim that secession had never been about slavery, despite the many declarations of secession saying the opposite. With the Freedmen’s Bureau, created by Congress in March 1865, defending the rights of Black Americans, certain white southerners began to claim that their “cause” had been to protect the rights of the states against a powerful federal government that was forcing on them a way of life they opposed. In the 1820s, before he became president, Andrew Jackson argued that true democracy meant honoring the votes of those in the states rather than laws made by Congress. This idea justified minority rule. Under this argument, a state’s voters could choose to take the land of their Indigenous neighbors or enslave their Black neighbors even if the majority of Americans, speaking through Congress, opposed those policies, because what mattered was the local vote. Crucially, states also decided who could participate in voting, and before the Civil War, the body politic was almost exclusively white men. The Black Codes were a clear illustration of what that system meant. Congress refused to readmit the southern states with the codes, and in 1866, congressmen wrote and passed the Fourteenth Amendment to the Constitution. Its first section established that “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.” It went on: “No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.” That was the whole ball game. The federal government had declared that a state legislature—no matter who elected it or what voters called for—could not discriminate against any of its citizens or arbitrarily take away any of a citizen’s rights. Then, like the Thirteenth Amendment before it, the Fourteenth declared that “Congress shall have the power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article,” strengthening the federal government. The addition of the Fourteenth Amendment to the Constitution in 1868 remade the United States of America. But those determined to preserve a world that discriminated between Americans according to race, gender, ability, and so on, continued to find workarounds. Key to those workarounds has always been resurrecting the idea that true democracy means reducing the power of the federal government and centering the power of the state governments, where voters—registered according to state laws—can choose the policies they prefer…even if they are discriminatory. In our era, those discriminatory policies are not just racial. They often center religion and include attacks on women’s healthcare and right to abortion, LGBTQ+ Americans, immigrants, and non-Christians. Just today, Louisiana governor Jeff Landry signed into law a measure requiring that every classroom in Louisiana public schools display the Ten Commandments. Those embracing the law hope to push the question of public displays of their faith to the Supreme Court, where they expect a warmer reception from this court than such discriminatory positions have gotten since the 1950s. If states get to determine who votes and can pass discriminatory legislation without interference by the federal government, they can construct the kind of world Americans lived in before the Fourteenth Amendment. As several Republican-dominated states have already demonstrated, they can also rewrite history. In 1865, Juneteenth was a celebration of freedom and the war’s end. In 1866 it was a celebration of the enshrinement of freedom in the U.S. Constitution after the Thirteenth Amendment had been ratified. In 1867, Juneteenth was a celebration of the freedom of Black men to vote, the very real power of having a say in the government under which they lived. In a celebration of Juneteenth on June 10, 2024, Vice President Kamala Harris noted: “Across our nation, we witness a full-on attack on hard-fought, hard-won freedoms and rights, including the freedom of a woman to make decisions about her own body; the freedom to be who you are and love who you love openly and with pride; the freedom from fear of bigotry and hate; the freedom to learn and acknowledge our nation’s true and full history; and the freedom that unlocks all others: the freedom to vote.”— Notes: https://www.nytimes.com/2024/06/19/us/louisiana-ten-commandments-classrooms.html https://www.archives.gov/news/articles/juneteenth-original-document J. Evetts Haley, Charles Goodnight: Cowman and Plainsman (1949; rpt. University of Oklahoma Press, 1981). https://www.archives.gov/milestone-documents/13th-amendment https://www.archives.gov/milestone-documents/14th-amendment https://avalon.law.yale.edu/19th_century/csa_scarsec.asp https://www.tshaonline.org/handbook/entries/juneteenth https://www.tsl.texas.gov/ref/abouttx/juneteenth https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/emancipation-proclamation/transcript.html
© 2024 Heather Cox Richardson |
From: Bandy X. Lee, M.D., M.Div. <bandyxlee@substack.com>
Date: Sat, Jun 22, 2024 at 6:28 AM
Subject: The Psychology of Trump Contagion: An Existential Threat to American Democracy and All Humankind, Chapter Nine (Co…
To: <pueblosenmovimientonorte@gmail.com>
Chapter Nine (Cont’d) The following is an addendum to Chapter Nine, made available to everyone. Chapter Ten will contain the dangerousness risk assessment a panel of renowned, independent experts did of Donald Trump, submitted for consideration in his sentencing, in the context of my discussing interventions. Please consider upgrading to a paid subscription to read Chapter Ten and the subsequent important chapters on solutions! Paradoxes of the mind The mind is a paradox, for the more emergent, menacing, and existentially dangerous a situation is, the less likely it will be to believe that it is so. Denial may be comforting at first, but later leads to suppressing, threatening, and retaliating against reminders of the truth, if not doomism and nonaction. Facing reality early on and rationally solving problems step-by-step is a far more life-affirming option. If one keeps the hope that there are always solutions—and seldom are there not—a clear eyed view becomes more possible. Donald Trump has frequently repeated that there were no wars during his presidency, but this claim will seem bitterly ironic, were he to reenter the White House—for few will remain to temper his attraction to violence, war, and powerful weapons. Not only psychiatrists feared world-ending nuclear Armageddon with him; upon his inauguration, two Congress members proposed a new bill that would prohibit a first-use nuclear strike by Trump alone (Alexis-Martin and Davies, 2017), and Commander of U.S. Strategic Command General John Hyten stated he would disobey any order for a nuclear strike that was “illegal” (Diaz, 2017). We later learned that White House Chief of Staff General John Kelly had secretly bought our book, studied it like an “owner’s manual,” and may have applied its principles to stop the then-president from using nuclear weapons against North Korea! Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley, also, acted to prevent Trump from misusing nuclear weapons against China during the last month of his presidency (Woodward and Costa, 2021)—and Milley was seen holding our book, as recently as the time of this writing! (Lee, 2023). It is not a coincidence that two wars that could lead to World War III—Russia’s invasion of Ukraine and Israel’s onslaught against Gaza—started in the immediate aftermath of Trump’s presidency. As we noted earlier how the two-year lag in homicide rates has enabled Republican regimes to blame the Democrats for the rises in violent crime they themselves generated, the same is true at larger-scale, where wars probably have an even longer lag period. We will review here a few more patterns of mental pathology, in addition to denial, projection, rigidity, and detachment from reality we went over before. Here they are: 5. Reaction formation 6. Fragmentation 7. Self-destructiveness “Reaction formation” occurs when one unconsciously replaces an unacceptable impulse with the opposite. Typically, it manifests in prosocial ways; for example, one treats with exceeding kindness a person one has murderous feelings for. However, at a time when Trump Contagion has encompassed toxic masculinity, violence is seen as a “positive” trait that counters one’s “shameful” feelings of weakness, dependence, or needing care. “Strongmen”, for example, are in truth weak men—or incompetent men—who are dangerous if not contained, for their reaction formation. Reaction formation also explains how those claiming to be “pro-life” could be so destructive in inhumane toward life more general, and why those claiming to be models for “family values” have adulterous affairs and teenage pregnancies in their backgrounds. “Fragmentation” refers merely to the state of conflict, division, polarization, and strife we within an unharmonious mind, whether the “mind” is an individual, a group, or a nation. When the identified unit is unified, “whole”, and healthy, conflicts are generally readily resolvable and can even be productive, and diversity becomes a strength; a disordered and fragmented mind, on the other hand, will be paranoid of threats and enemies everywhere, no matter how homogeneous one’s group—since what determines this is the level of health, not external reality. Finally, self-destructiveness is an inevitable feature of mental pathology, no matter how one believes one is benefitting oneself, for pathology by definition leads to destruction and death. This may now afflict all humanity—through what I call our “collective suicidality” (Lee, 2019)—as it is currently unable to change course from existentially threatening climate catastrophe, nuclear dangers, and a destructive presidential candidate. Donald Trump, therefore, is a product of our collective suicidality as well as our chief destroyer. His dysfunctional defenses will be irresistible for those who share his symptoms, and as mentioned earlier, Trump Contagion has become a shared psychosis for the severity of symptoms that he has spread. In American Psychosis, political journalist David Corn (2022) lays out how the Republican Party, from McCarthyism to the Birchers to segregationists to the religious right to the militia movement to Rush Limbaugh to the tea party and to Donald Trump, has encouraged and exploited right-wing fear, loathing, and conspiracy theories—in other words, pathology—as a method of doing politics. I would like to credit Corn here for his contributions to the concept of a collective psychosis, which is very important. I would also like to recognize him for his privately acknowledging my influence on his work, even as he writes independently and is brilliant himself. This has been rare in an environment where our suppression has meant our work being taken and plagiarized into whole articles—and a few people literally launched themselves in this arena using the material we gave them. It is not about the credit or the coauthorship, but these authors rose to positions where, had they properly credited us, could have elevated us with them and brought focus to the value of expertise. This was still before the media had normalized the total blackout of mental health experts. Instead, in order not to be threatened in their assumed positions as “experts” (which they are not, and have subsequently misled the public with overtly wrong interpretations), they rather worked to suppress us. Trump Contagion therefore affects not only those who have taken on his symptoms but those who have weakened resistance by placing personal ambition over greater causes, of which we would do so much better to be a part of, rather than subsuming them into our own agendas. ‘The first thing we do, let’s kill all the healers’ Many mistake the Shakespearean phrase, “The first thing we do, let’s kill all the lawyers,” to mean that we must get rid of the corrupt and unethical lawyers, but the actual verse came from Dick the Butcher in “Henry VI,” who was a follower of the rebel Jack Cade. He thought that if they eliminated the lawyers and interrupted law and logical thought, Cade could take over as king. In the Trump era, mental health experts were the greatest threat—the healers capable of exposing his greatest shame: his unfitness. Hence, the elimination of all healers means the interruption of the reign of health and reason. Since authoritarianism’s singular policy is war against the truth (of one’s unfitness), it must neutralize the authentic authority of mental health and replace it with raw power. Journalists and intellectuals are the first to be targeted under such regimes, precisely for their being authorities on truth—in the form of information and knowledge. I briefly segue, because my own experience serves as a barometer of the current societal state of health. The urgency of actual need was the reason I dropped nearly everything and threw myself into public life, through my Yale conference, my first book on Donald Trump, and all my subsequent efforts to try to alert the public, so that we could get ahead of Trump Contagion and protect ourselves. A Washington analyst warned me early on that my very effectiveness made me a threat and therefore a target for discrediting. “But I have nothing on me,” I naïvely said. “If they do not find anything, they will make something up,” was his response. I simply believed that, since “the Goldwater rule” was a mirage to start, digging deeper would only reveal that it is not based on substance or the law, as many misconceived it to be, and therefore it would only help our cause. I was also not under the APA’s jurisdiction as a non-member, and no member was ever disciplined, even after egregiously breaking the guideline, which I did not do—and so why should I fear? What they came after was my professorship at Yale, which I had held for seventeen years—and it would not be the existence of a cause that would justify my dismissal, but my dismissal that would give the guise of the existence of a cause! I had never dreamed that a university would bow down to a trade association—but under authoritarianism, it is “obedience to authority” that counts. As the world must adjust to making an unfit leader “fit”, independent reasoning, which might discover the unfitness, must be obliterated. The brilliant social psychologist Stanley Milgram, who conducted groundbreaking experiments that revealed our society’s obsequiousness to power (Milgram, 1969)—in the basement of Yale’s Linsly-Chittenden Hall, where I taught his work to my own undergraduate students—Yale dismissed, and so did Harvard. Renowned psychologist and contributor to The Dangerous Case of Donald Trump, Philip Zimbardo, after an illustrious and highly contributory career was attacked and severely criticized during the Trump era, citing “ethical” and “scientific” reasons, rather than learning from his famous Stanford prison experiment (Zimbardo et al., 1971), which revealed how quickly even college students could be “de-individuated” to become vicious guards. Social theorist Theodor Adorno (Adorno et al., 1950) is another whose groundbreaking work helped me greatly as I treated violent prisoners, who remained authoritarian, even while the country had moved away from its tendencies through most of my lifetime. Canadian psychologist Bob Altemeyer is another underappreciated scholar whose work I regularly referenced, who defined the “right-wing authoritarian personality” as someone who: (1) is naturally submissive to designated authority figures; (2) acts aggressively in the name of those authority figures; and (3) is very conformist in thought and behavior (Altemeyer, 2006). Former White House Counsel John Dean, who coauthored Authoritarian Nightmare with him (Dean and Altemeyer, 2020), opened our emergency interdisciplinary conference, “Donald Trump’s Great Harm to America and the World,” just weeks before the 2020 presidential election (World Mental Health Coalition, 2020). Just months before the 2020 election, when there was still a fear that Donald Trump would win the presidency, I was terminated from my position at Yale. It had nothing to do with my performance, since my evaluations continued to rank among the highest with the students and the faculty. Furthermore, I had recently been praised for elevating my department’s stature both nationally and internationally, having been cited on the front page of the New York Times for helping to initiate reforms at Rikers Island and having been honored as a global authority on violence at the University of Cambridge. All this did not matter, starting forty-eight hours after Trump ally Alan Dershowitz brought great pressures on the University for my speech. Outside advisors immediately warned me that, regardless of merits, Dershowitz had a track record of derailing academic careers, but I shirked it off at the time. After all, a little over a year earlier, my department chair affirmed my public speech in public, in a “State of the Department” address, citing Yale’s commitment to free speech and presenting me as an example of a faculty member who spoke responsibly—surely he would not change course without reason! Rather, I considered turning this into an opportunity to reopen discussions on “the Goldwater rule,” since the APA had closed them off, and therefore I asked for a debate on the issues as well as an investigation. None of this happened, but in May 2020 I received an oddly circular letter, notifying me of my termination at the end of June 2020, because I had no “teaching role”—but I had no “teaching role” because I was being terminated! To get clarification, I tried writing to both my chair and my division head—both of whom I had seen weekly in grand rounds or in seminars up to that time—and for the first time in seventeen years, they did not answer. Because of the pandemic lockdowns, I could not walk into their offices to confront them, either. But why would they not respond unless they were embarrassed, because they were not righteous in their decision? Dershowitz’s involvement was all but confirmed when another faculty member of the prestigious Yale School of Art, who was doing a documentary of me—and who was just honored in a grand ceremony as a national woman pioneer in filmmaking—was dismissed alongside me after twenty years at Yale, immediately after asking Dershowitz to do an interview in relation to me! The faculty handbook clearly stated that all faculty appointed for more than a year had a right to due process. I wrote to Yale President Peter Salovey, who had previously complimented me for my contributions to the University and even invited me to his campus home when he received the head of Doctors Without Borders, with whom I was a consultant. His reaction was truly disappointing; he acted purely as a functionary, seeking only to avoid getting involved and uninterested in the substance of the matter. Champions my work wrote impassioned letters to him, including Prof. Jeffrey Sachs of Columbia University and one Congressman, and Prof. Laurence Tribe of Harvard Law School, Prof. Cornel West of Union Theological Seminary, and Prof. Richard Painter of the University of Minnesota all made public statements, denouncing Yale. At least a hundred Yale alumni, physicians, and academics wrote lengthy letters to him, more than a thousand mental health professionals signed a petition to him, and a citizen unknown to me collected more than ten thousand signatures to state: “Yale unfairly fires Asian American for speaking the truth. We demand her reinstatement” (Chan, 2021). However, he remained unmoved until the director of the American Association of University Professors (AAUP) charged the University of violating academic freedom, when he instructed my former chair to write a letter explaining the reason for my dismissal. Immediately, the chair wrote a four-page letter of explanation to me, four months after my dismissal. It confirmed, as suspected, that “the Goldwater rule” was the reason; what was astonishing, however, was not just his parroting the APA’s rhetoric, which was not in accordance with science or scholarship, but the almost complete absence of original thought. Because of this oddity, I tried for the next ten months to try to figure out his actual thinking, without success. Some say that the purpose of a bureaucracy is to validate its own existence, but at times like this, choosing self-preservation over principle could turn one into a deadly enterprise, as the medical establishment under Nazism showed—and he is the son of a Holocaust survivor! (albeit one with ketamine stocks in common with Trump, and therefore a conflict of interest, I later learned). I also found disappointing that my division head, who held me in high regard, did not defend me but remained exceedingly deferential to power. A friend and former dean of Yale Law School—who was also dismayed at this “new” method of leadership, including at the Law School—advised that the only way to get a response would be to launch a lawsuit. Hence, in March 2021 I began the first lawsuit of my life, with the intention not to let my beloved alma mater lose its way, with attorneys who volunteered their time. I was doing it for academic freedom everywhere, so that intellectuals would be able to speak without fear of retribution in a society that makes knowledge freely available. Many eagerly watched my case, for the discovery process would be very revelatory on how special interests are infiltrating, corrupting, and controlling universities in ways that undermine self-governance more generally—not to mention Dershowitz’s outsized control of others’ speech. However, oddities only continued: in December 2021, a highly-regarded and genteel senior judge who was ruling in my favor was suddenly replaced without cause or explanation. Eight months later, the new junior judge with only a magistrate background made an error in argument to dismiss my case, preventing it from going to discovery. Within less than a month, she was instantly promoted, surpassing even the highly-regarded senior judge with a far more considerable track record (was this coincidence?—the APA was similarly rewarded with a new building immediately after making an error in argument to silence us). I emptied my bank account for an appeal to try to correct the error, but it would be heard in the court of appeals, where she had been newly promoted. The following year, a panel of judges upheld their new colleague’s error, even though it required their ignoring the federal question of free speech, in a federal court! A Trump-appointed judge on the panel gave away some of the method of thinking: “Yale is a hotbed of support for President Trump—did I miss that?” Yale also made an astonishing admission, by claiming on the record that academic freedom was important only as a concept, and that Yale’s procedural protection “does not include the freedom to speak out about controversial ideological matters”! In this manner, even though top legal scholars all agreed that I had an “excellent case” against Yale, it avoided discovery through a willingness to engage in all manner of aberrant legal arguments, which the federal courts allowed. It had a feeling of power protecting power, without logic, reason, the law, or even civility (on the part of the sardonic judge). It was, in truth, the most comical display in a federal court of law that I had ever seen—but in the Trump era, what can surprise us anymore? My legal case was one of the reasons that led to Yale’s earning the Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) “Lifetime Censorship Award.” Tribe was furious at this outcome and kindly offered to represent me on a certiorari petition to the U.S. Supreme Court, but just months earlier he had agreed to become “of counsel” with the firm representing E. Jean Carroll, who would go on successfully to sue Donald Trump for defamation and sexual assault, and the firm had a conflict. This was regretful, but with the extremely-regressive Supreme Court, any issue related to freedom of speech could have been dangerous, anyway. Incidentally, simultaneously with my lawsuit, prominent historian and leader of Yale’s prestigious Grand Strategy Program Beverly Gage resigned, citing donor pressure (Schuessler, 2021). Yale would go on to lose numerous other faculty, through termination or resignation, such that I became only the first of a string of purges. Meanwhile, sanctions-violating, sexually-harassing faculty at Yale Law School remained, no matter the student complaints and the national spectacle they became, as they were Yale’s “power brokers” (Carmon, 2021). The pattern would repeat in universities across the country, creating a chilling effect in almost every domain of academia. A FIRE survey showed that faculty members were more likely to self-censor today than during the McCarthy era, and Dershowitz would go on to sanction speech in ways that some call it: “McCarthyism revisited” (Yaroshefsky, 2023) You're currently a free subscriber to The Newsletter of Dr. Bandy X. Lee. For the full experience, upgrade your subscription. |
From: Amazon Watch <news@amazonwatch.org>
Date: Tue, Jun 18, 2024 at 9:16 AM
Subject: Help secure land rights for the Chapra Nation in the Peruvian Amazon
To: DORINDA MORENO <pueblosenmovimientonorte@gmail.com>
23 DE JUNIO DE 2024.
"Jinetes de Roca": palabras e imágenes de un genocidio negado
PEOPLE POWER.
24 DE JUNIO DE 2024.
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